
José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc..- La Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado presentó un amparo contra la Mesa Directiva del Poder Legislativo estableciendo una violación a las garantías de dicha representación y el sobre ejercicio de funciones del presidente de la Mesa Directiva, el diputado priísta Enrique Castillo Ruz.
En rueda de prensa, las legisladoras Silvia Lopez Escoffie y Milagros Romero Bastarrachea, informaron que, presentaron una acción ante juzgados federales para anular el acto establecido en la votación de la iniciativa del matrimonio universal el pasado 15 de julio, estableciendo la acción de la Mesa Directiva del Congreso como violatorio de las garantías a al menos cuatro legisladores.
De esta manera, el partido Movimiento Ciudadano establece que, tanto la votación (secreta) determinada por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, como la acción de abuso de funciones del presidente del organismo legislativo pueden ser desechadas y las acciones del resultado de esta acción son ilegales e incostitucionales y deben de ser repuestas.
En dicha rueda de prensa, López Escoffie, responsable de la bancada de MC destacó que, presentaron un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia Mixta, para establecer los actos de inconstitucionalidad en el actuar y proceder del presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en la actuación de la votación de la iniciativa constitucional sobre matrimonio universal.
Señaló que, el diputado Castillo Ruz, negó a los legisladores, al menos cuatro, la determinación de votar de manera abierta el proceso de aprobación de la iniciativa constitucional que se aprobó en la fecha establecida, 15 de julio, estableciendo que, el diputado no tenía atribuciones y no sustentó la condición de realizar una votación secreta (por cédula) sobregirando sus funciones y atribuciones establecidas en la ley.
De la misma forma, el legislador priísta violó los derechos de los legisladores de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, quienes solicitaron de manera explícita la realización de una votación abierta (pública), sobre dicha iniciativa.
Sobre este mismo tema, la legisladora Romero Bastarrachea expuso que, el amparo establecido ante juzgados federales podrá ser analizado en un plazo de 5 a 10 meses y el resolutivo podría invalidar la votación realizada contra la iniciativa constitucional del matrimonio universal, que Castillo Ruz votó en forma secreta.
En todo caso, abundó, la exigencia del amparo establece la condición a que los legisladores respeten la ley se establezcan responsabilidades contra los legisladores que violen estos preceptos, ya que, no pueden aplicarse atribuciones diferentes a las condiciones que marca la ley orgánica del Poder Legislativo, expuso.
Dijo que, de manera constante se han presentado irregularidades en el actuar y proceder de mecanismos legislativos que coordialmente se habían obviado durante la actual legislatura; sin embargo, es preciso establecer que, en este caso, Castillo Ruz violentó tanto el derecho establecido para los legisladores, como de imponer una actuación en la acción de la votación de los legisladores, sin sustento y sin la correspondiente acción de responsabilidad.
En su caso, las diputadas del Partido Movimiento Ciudadano solicitaron ante el juez federal la anulación de la votación contra la iniciativa del matrimonio universal y piden la restitución del acto, ya que atribuyen al presidente de la Mesa Directiva del Congreso Enrique Castillo exceso de atribuciones al establecer una votación secreta.
“Lo realizado fue ilegal e inconstitucional, toda vez que la mesa directiva no se baso en una ley que diera fundamento para imponer este tipo de votación”. “Y lo hizo con total conocimiento porque nosotros le informamos de esta situación” manifestó la legisladora.
Romero Bastarrachea explicó que en caso de que este amparo proceda, se podría ordenar la reposición de la votación, y esta deberá ser abierta. La legisladora local dijo que este amparo crea un precedente histórico en Yucatán, de que ningún presidente de la mesa directiva vuelva a manipular la ley, aplicando un criterio personal, “lo que se busca es que los legisladores estén apegados a derecho y no vuelvan a comer actos que violen la legislación”.
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