José Cortazar Navarrete– Mérida, Yuc.- Los desarrollos turísticos e inmobiliarios en Yucatán y Quintana Roo no han beneficiado a los pueblos originarios, las denuncias por abusos, despojos y presiones para vender tierras y apropiarse de territorios y recursos naturales se mantiene, sostuvo Alfonso Hoil, integrante del colectivo Muuch Ximbal.
Alfonso Hoil, ejidatario de San José Tipceh, en el municipio de Muna, recalcó que, ha sido presionado, intimidado y hasta amenazado para que firme documentos en la sesión de derechos para la construcción de dos parques fotovoltaicos que se construyen en su comunidad.
Al acompañar a la agrupación Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) a la presentación de la página electrónica de este organismo, destina a geo referenciar proyectos y desarrollos en construcción, tanto Alfonso Hoil, como otras personas de comunidades mayas, denunciaron aspectos ilegales en acciones contra los derechos de los habitantes de estas poblaciones.
En su caso, Hoil destacó que, en la población de Muna se han presentado confrontaciones entre los grupos de ejidatarios a favor y en contra de estos proyectos, en tanto que, autoridades municipales, estatales, federales y empresarios presionan para lograr la anuencia de los pobladores para estas inversiones.
Sobre este tema, Sara Cuervo Vega, integrante del CCMSS, destacó que el desarrollo de esta página electrónica es para presentar de manera pormenorizada los avances, crecimientos poblacionales, el desarrollo e impacto del crecimiento urbano, migración y construcción de proyectos inmobiliarios, turísticos, industriales y agrícolas que benefician a grupos empresariales y no a los pobladores de los asentamientos.
Explicó que, a través de esta página electrónica es posible dar seguimiento a crecimiento de estos proyectos que están impactando a las poblaciones rurales, a recintos naturales y el aprovechamiento de sus recursos. Informó que, esta herramienta cartográfica permite conocer a detalle la situación que enfrentan los territorios de la zona peninsular.
Cuervo Vega, recalcó que estos mega desarrollos ponen colocan en serio riesgo la vida de las comunidades indígenas. Con ello, expuso, el gobierno autoriza la explotación y aprovechamiento de recursos que son propiedad de los pueblos originarios que no reciben a cambio el valor de sus recursos.
Sobre este mismo tema, Adrián Flores, integrantes de este mismo organismo, expresó que, los mega desarrollos están ocasionando un año irreversible a las reservas ecológicas del estado de Quintana Roo, a las especies de flora, fauna al ser sobre explotados, sin que se ofrezca una respuesta a las condiciones de los pueblos originarios poseedores de estos terrenos.
Cuestionado sobre la construcción del tren transpeninsular que pretende construir el gobierno federal, Flores recalcó que este proyecto es un freno a los proyectos de desarrollo que estaban planeados para los estados de la península de Yucatán. El tren será el nuevo impulsor de la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial y la continuación de corredores troncales que conectarán vía ferroviaria Puebla y Progreso y la zona peninsular, añadió.
Sobre este problema, Gregorio Hau, ejidatario de Quintana Roo, expresó que, el crecimiento exponencial de las zonas urbanas y proyectos hoteleros han dañado la calidad de vida de las comunidades mayas, que están sujetas a despojos, abusos y agresiones por parte de promotores, políticos que prometen estos desarrollos.
Dijo que, los habitantes de las comunidades mayas han sido esclavizadas a trabajos hoteleros a cambio de salarios miserables que no resuelven su situación educativa, de salud y vivienda.
En su caso, recalcó, el gobierno ha señalado que estaría dispuesto a expropiar las tierras para la construcción del tren, una situación a la que los pueblos originarios mayas se niegan y la que lucharán en caso de ser necesario.
Dijo que el estado mexicano firmó protocolos internacionales para respetar los derechos de los pueblos originarios y de ser necesario acudirán a instancias internacionales para demandar que el gobierno asuma su responsabilidad de respetar estos derechos consagrados en la constitución, concluyó.
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