Se dictaron 202 medidas cautelares y se interpusieron 12 denuncias penales
Mérida, Yuc., a 25 de febro.- Con la implementación de protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán mantuvo durante el 2020 sus servicios en las oficinas de Mérida, así como en las delegaciones de Tekax y Valladolid, recibiendo 2 mil 679 solicitudes de atención de nuestros servicios, es decir, casi 8 al día.
Al rendir el Informe Anual de Actividades por el periodo de diciembre a enero de 2020, el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana recordó que uno de los objetivos principales de la institución es la protección y defensa de los derechos humanos, y es a través de la Oficialía de Quejas y Orientación así como de la Visitaduría General que se brindan estos servicios a la población.
Informó que de las personas que solicitaron la intervención de la CODHEY, 1312 casos no fueron competencia, sin embargo fueron orientados, canalizados y/o acompañados ante las instancias correspondientes para la atención de sus asuntos. Y se iniciaron 44 expedientes de oficio, los cuales se conocieron a través de notas periodísticas.
Los usuarios señalaron a diversas autoridades como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos, las 10 más señalados fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Ayuntamiento de Kanasín; Fiscalía General del Estado de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Secretaría de Salud de Yucatán; y los ayuntamientos de Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid.
En sus quejas, los ciudadanos exponen posibles hechos violatorios a sus derechos humanos, los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; robo; amenazas; allanamiento de morada; violación a los derechos del niño; al derecho de los menores a que protejan su integridad; al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; y al derecho a la libertad de tránsito y residencia.
Para la atención de los casos, el personal de la CODHEY realizó 5 mil 812 diligencias, ya sea de manera presencial, por correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras.
Dentro de los procedimientos y para garantizar la integridad de los quejosos y agraviados, se dictaron 202 medidas cautelares y se interpusieron 12 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos también constituyen actos presuntamente delictivos.
Para apoyar en la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas o detenidas ilegalmente, se llevaron a cabo 52 diligencias.
Durante el 2020, se emitieron 30 recomendaciones a 20 autoridades diferentes. Las autoridades que recibieron más de una fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán tuvo 13 recomendaciones; el Presidente Municipal de Umán, 3; el Cabildo de Izamal 2; y el Fiscal General del Estado 2.
Además, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Informó que personal de la CODHEY participó como observadores en cuatro marchas y tres manifestaciones convocadas por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos; además de diversas supervisiones en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las Direcciones de Policía Municipales, implementadas en varios puntos de ésta ciudad de Mérida y en diversos municipios, con motivo de la pandemia generada por el COVID-19; además se le dio continuidad, como Observadores, a los procesos de consultas previas, verificadas a los integrantes de los pueblos y comunidades mayas, en relación al proyecto del tren maya.
El año 2020 fue marcado por el inicio de la pandemia por COVID-19, sin embargo, el personal de la CODHEY no dejó de brindar sus servicios para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población yucateca, lo cual continuará haciendo para mantener vigentes la garantía de las prerrogativas fundamentales en nuestra entidad.
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