Yucatan

Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: empresa »vendió» al Ayuntamiento terrenos adjudicados

Desvelan adjudicaciones para conseguir predios costeros en Yucatán; así «devolvieron» 12 de 19 que ya tenían.

La empresa Uredi, S.A de C.V., vinculada con el diputado federal Mario Xavier Peraza Ramírez, obtuvo mediante adjudicaciones gratuitas, presuntamente ilegales, del Ayuntamiento de Dzilam Bravo entre 2015 y 2016, como ya informamos, 19 predios en ese municipio, con 2,618 metros lineales de playa, con el objetivo de fomentar proyectos sociales y económicos.

Sin embargo, la empresa no fomentó nada y meses después de la escrituración de los predios a su favor, en marzo de 2016, vendió un primer paquete con siete de esos 19 terrenos a distintos particulares.

No pudo vender los demás porque en mayo de 2017 estalló en Celestún —donde Uredi había obtenido, del mismo modo como lo hizo en Dzilam Bravo, 11 valiosos terrenos— una violenta protesta de la población en contra del entonces alcalde, Leonel Rosado Mena.

Esta persona y los integrantes de su cabildo, como ya publicamos, habrían transferido esos terrenos propiedad del municipio, a título gratuito, a varios particulares, entre ellos a Uredi.

Al enterarse de la operación, numerosos vecinos de Celestún salieron a protestar a las calles, lo que provocó la intervención de la Policía, con saldo de varios heridos y patrullas volcadas.

El incidente obligó a Rosado Mena a regresar varios de esos terrenos al ayuntamiento.

»Venta» al Ayuntamiento

Lo mismo sucedió en Dzilam Bravo. Ante el temor de un levantamiento de la población, Uredi “vendió” a la Comuna, encabezada por Julio Abraham Villanueva Rivero —asociado de Peraza Ramírez y de otros funcionarios en el megafraude de la costa— los 12 terrenos restantes del total de 19, que les había entregado gratuitamente meses antes.

Según el Registro Público de la Propiedad, 10 de esos predios se “vendieron” al Ayuntamiento el mismo día, 29 de mayo de 2017, y los otros dos el 8 de junio del mismo año. Todas las operaciones de compraventa se hicieron ante el notario Antonio Ricardo Pasos Canto.

Cuando los ánimos se calmaron Villanueva Rivero, en contubernio con Peraza Ramírez, volvió a adjudicar los terrenos que le “vendió” Uredi, pero no a esta empresa, sino al propio Peraza Ramírez y a sus familiares y amigos, como detallaremos en próximas entregas.

De acuerdo con las averiguaciones, estos terrenos, aunque fueron transferidos como predios del fundo legal del Dzilam, en realidad son terrenos nacionales.

Paquete de terrenos 

Respecto a la venta de Uredi del primer paquete de terrenos, siete en total, datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia muestran que entre éstos figuran los siguientes:

  • Uno es el lote catastral 4223, con 481 metros lineales de playa y 104,083 metros cuadrados de superficie total. Tiene un valor comercial mínimo de 96 millones de pesos y se encuentra en la carretera Santa Clara-Dzilam Bravo.

El ayuntamiento de esa población adjudicó a este predio, a título gratuito, a Uredi para impulsar programas de desarrollo económico, según el acta de cabildo 74, del 18 diciembre de 2015 que, sin embargo, es un documento presuntamente apócrifo.

Los programas nunca se hicieron. En cambio, el 8 de junio de 2017 Uredi hipotecó el predio a favor de Genaro Castillo Bolio.

Castillo es, al parecer, un prestanombres de las empresas incluidas en el megafraude de la costa.

Su nombre aparece en esta operación hipotecaria de Uredi y en por lo menos otras dos, como comprador, junto con Julio César López, sus hijas y otras personas, de terrenos transferidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Dzilam a la compañía Alimentos, Procesados Peninsulares, S.A. de C.V., como informaremos en próximas entregas.

De acuerdo con los datos recabados por Central 9, la hipoteca del predio fue la respuesta de Uredi —para conservar el terreno— a una demanda de amparo interpuesta en su contra por Mariana Elita Luttmann Fox, una empresaria de Chiapas, residente en Canadá.

Esta persona se amparó en contra del “procedimiento administrativo de desincorporación, adjudicación y titulación gratuito a favor de Uredi”, realizado por el Ayuntamiento de Dzilam, que la “privó de la posesión” del tablaje 4223, identificado como “innominado” y/o “Chaya I”.

En su demanda, Luttmann Fox anexó copia certificada del documento del 22 de diciembre de 2010.

Éste contiene la cesión onerosa de derechos otorgada a su favor por Carlos Alberto Palma Vázquez, así como la constancia de posesión y explotación de 30 de mayo de 2010, los cuales hacen referencia al terreno nacional denominado “innominado” en Dzilam Bravo y que, según la denunciante, su superficie corresponde al ahora llamado tablaje catastral 4223.

La demanda de amparo no prosperó porque Luttmann Fox fue incapaz de comprobar que ese tablaje y el terreno nacional “innominado” son lo mismo, aunque las ubicaciones coincidan.

Operación artificial

Hasta donde Central 9 ha podido averiguar, el papel de Peraza Ramírez en esta operación fraudulenta consistió en la creación artificial; es decir, sin el historial registral del predio, de tablajes catastrales en las playas de Dzilam Bravo y Celestún durante su período como director del Catastro en el Insejupy, entre octubre de 2015 y junio de 2016.

Gran parte de estos tablajes luego fue adjudicada a título gratuito a empresas y personas vinculadas con el exfuncionario.

Esta operación se habría podido efectuar aprovechando el desorden y el desinterés del gobierno federal por salvaguardar los terrenos nacionales.

Otro tablaje catastral que vendió Uredi es el 4224. La empresa lo obtuvo también del Ayuntamiento de Dzilam a título gratuito.

  • El terreno tiene 152 metros de playa y 3,964 metros cuadrados de superficie total y se ubica, como el anterior, en la carretera Santa Clara-Dzilam Bravo.

Si bien la adjudicación tiene fecha de 25 de julio de 2015, la inscripción en el Registro Público ocurrió el 9 de marzo de 2016, en la gestión de Villanueva Rivero.

Nueve meses después Uredi vendió el predio a Julio César López y a sus hijas Mitzi Karen, Carina Guadalupe y Cristina Guadalupe, en común y partes iguales.

Aunque el valor comercial del predio se calcula hoy en por lo menos 30 millones de pesos, en la escritura de compraventa, firmada por el apoderado legal de Uredi, Julio Presuel Moreno, aparece como precio de venta $250,000. 

Fuente: Diario de Yucatán.

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