El crimen organizado ahoga al consumidor indefenso y dispara la inflación

De norte a sur, México está atravesado por bandas delictivas o criminales que no salen en las series de televisión surcando el cielo con su carga de drogas. Sin estar encabezadas por célebres mafiosos, han tejido infinitas redes de extorsión a la pequeña y mediana economía que ahogan a la agricultura, el comercio y llegan hasta las viviendas, donde el ciudadano se siente cada día más desconcertado sobre el destino final de su dinero cuando llena la cesta de la compra o el tanque de la gasolina; cuando carga el gas en la casa o se toma una cerveza; cuando adquiere productos en el tianguis o se cuida la salud en una clínica. Detrás de un incendio en el mercado o de la subida del precio de las tortillas o el desabastecimiento de pollo están las bandas criminales, con una penetración en la economía tan amplia que es casi imposible encontrar una transacción que no les beneficie, directa o indirectamente. Los últimos datos del Inegi, para 2019, revelan que el daño a las empresas por estas mañas fue de 359.000 millones de pesos, casi dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y los delitos contra las personas ocasionaron pérdidas de 277.000 millones de pesos. A punta de pistola.

Los días en que el crimen organizado se concentraba en el narcotráfico quedaron en el pasado. Muchas organizaciones cambiaron su empuje delictivo nacional para situarse en el negocio de la extracción de rentas sociales. El analista de seguridad Guillermo Valdés ilustra esta deriva que experimentó el narco recurriendo al ejemplo de los Zetas, que no quisieron conformarse con ser el brazo armado del cartel del Golfo, sino su socio. “Mi hipótesis es que no les dieron entrada y se separaron, pero los Zetas controlaban ciudades en mitad del país, de Chiapas a Tamaulipas y habían recibido capacitación y armas”. Captaron a los delincuentes tradicionales y les abrieron nuevas vías de negocio a cambio de la mitad del pastel. La extorsión, el cobro del piso, se extendió por todo el país. Hará de esto 10 ó 12 años. Y el asunto no ha hecho más que perfeccionarse. Cuando uno compra en un tianguis un kilo de limones o de aguacates no sabe cuánto de su dinero se empleará en pagar el piso o si la mercancía es robada o si al tendero se le ha impuesto un proveedor desnudando las ganancias de otro.

El cierre de las pollerías en el mercado central de Chilpancingo, la capital de Guerrero, hace unas semanas, llevaba el sello criminal. Laura Atuesta, coordinadora del programa de Política de Drogas del CIDE, aventura un motivo: “Muchos taqueros, polleros son captados para vender drogas al menudeo, ellos son repartidores a domicilio, tienen su infraestructura. Si se niegan, los matan”, dice.

Esa puede ser una explicación, que remite al narco y que no estaría desconectada de los grandes carteles. Pero hay otros ejemplos que cita Atuesta: “Últimamente pasa algo en Guanajuato, ya van dos luchadores muertos o desaparecidos, los levantan en la mima arena. Es un mundo de apuestas y mucho dinero, quizá sea por eso”. El problema, dice, es que no hay facilidad para investigar, “apenas se sabe que las extorsiones son la punta del iceberg”. Ella está monitoreando las notas de la prensa local y conoce también que el robo de bancos está muy organizado y dirigido desde dentro o que los talleres mecánicos sufren mucha delincuencia, pero no alcanza a describir un porqué certero.

Atuesta lo ve como una guerra en el inframundo. Los muertos son un peaje que no importa a casi nadie, son pobres los que extorsionan y son pobres los extorsionados. “El 90% es gente humilde, la taquería de la esquina, cualquier puesto ambulante”. El consumidor nunca sabe si tienen relación con las bandas o solo sufren su yugo. “No comprarles [porque pagan piso al crimen, por ejemplo] sería como poner precio a su cabeza”. O dar un tiro a su economía familiar, así que sí, “todos contribuimos a mantener eso”, dice Atuesta. La solución, para esta analista, sería el fortalecimiento de la policía local. “No estoy mandando al Ejército a los cuarteles, no, pero si se apuesta todo por los militares y la Guardia Nacional se está desprotegiendo a la población”, que se va acostumbrando a la ilegalidad y al delito como un modo de vida. “Estamos dejando los barrios a merced del crimen”, añade. En zonas complicadas de la Ciudad de México, como Iztapalapa, muchos vecinos saben a quién deben comprar el agua o el gas. Ay si no.

El nivel de esta delincuencia es tan micro, tan a pie de calle, que lógicamente afecta a los pobres. Valdés menciona datos de espanto, como “crímenes pagados a 100 pesos o extorsiones a indígenas huicholes, ¿qué les pueden robar?”. A este fenómeno tan micro él lo denomina “lumpenización del crimen”. Menciona, sin embargo, que la subida, aunque leve, del nivel de ingresos de los mexicanos, aunada a la informalidad del empleo, que alcanza a la mitad del trabajo que se desarrolla en el país, ha generado una delincuencia específica. “Si alguien tienen dinero y quiere un celular iPhone, pues lo encontrará en los puestos ambulantes porque se habrá incrementado el robo de celulares”.

La economía se resiente por todas las costuras. Luis Astorga, uno de los grandes expertos en las redes criminales mexicanas, apunta otra característica que incide en ello. Hay amplias zonas en las montañas donde se cría la amapola y se conoce bien la palabra fentanilo, por ejemplo, “donde la economía está indexada al dólar y quien no pertenece a ese circuito está en desventaja, porque acaba afectando a los precios”. Los impuestos por las tortillas, el pollo, el aguacate michoacano o el limón, dice, distorsionan los precios para el consumo básico. No cree, sin embargo, este experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que la solución a todo esto sea sencilla, por más que esta economía manchada de sangre sea un secreto a voces. Se trataría, dice, de voluntad política, pero no es sencillo distinguir cuándo los criminales y los políticos “están en connivencia o en competencia”. O sea, si el cobro de piso, por ejemplo, compite con las atribuciones propias del Estado o se produce en connivencia con él. La maraña mexicana es inextricable. Puede ocurrir que cobre el impuesto un funcionario y que las arcas públicas no vean un peso de lo recaudado. Se llama corrupción y está bien extendida. Los partidos políticos tienden una larga sombra por los barrios mediante caciques locales, asegura Astorga.

“Hay una gobernanza local del crimen que los Gobiernos ignoran o quizá no disponen de la información completa. Tampoco podemos esperar que la policía local, que no tiene ni para comprarse uniformes, pueda combatir eso”, asegura Laura Atuesta. Más bien cabe esperar que participen de la tarta. “La policía opera como protector de estas bandas de barrio en muchos casos. No se puede pensar que los delincuentes actúen con esa libertad si no fuera así”, añade Valdés, que fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Inteligencia del país, de 2007 a 2011.

Por más empeño que le ponga la policía, de todas formas, el crimen muta. “Estamos viendo un alejamiento de la extorsión a comerciantes y vendedores en mercados para buscar directamente a sus proveedores, lo que requiere menos mano de obra, en este caso, mano de obra criminal”, dice Stephen Woodman, analista en la firma AIS Intelligence. “Lo hemos visto en Guerrero, con el pollo, por ejemplo, cómo van directamente a los proveedores y ellos pueden dictar los precios”.

En febrero, un reporte del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que “el crimen organizado se ha conformado como un cartel que determina los precios en la producción, distribución y venta, además de la temporalidad y volumen de cosecha y la fabricación de bienes”, de acuerdo a un boletín. El crimen tiene mayor presencia en las actividades primarias, como la agricultura, pero se acerca cada vez a la venta minorista.

“Más allá de su comportamiento económico en las actividades primarias, representado en porcentaje, las ciudades agropecuarias que más sufren la extorsión son: Irapuato con 40,3%; Uruapan, 36,8%; Oaxaca, 33,3%; Xalapa, 26,7% y Coatzacoalcos, Aguascalientes y Pachuca, con cifras similiares”, dice el reporte de los economistas del LACEN.

Lo que en principio parece micro, se multiplica para que los beneficios operen del mismo modo: “Esto en una gran escala”, explica Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora de riesgo en mercados emergentes Empra, en Ciudad de México: “¿Cuántas personas consumen tortillas, cuántas personas consumen pollo, carne, pescado, flores o jabones? Es así como se está metiendo el crimen organizado en el retail”.

“Lo que ocurre también a nivel local en todos los gobiernos, particularmente en zonas rurales, es que el crimen ya tiene cierto conocimiento del presupuesto de los gobiernos locales, por lo que llegan con el presidente municipal, o síndico, y le dicen: ‘a ti te asignaron 750.000 pesos de presupuesto para esto, yo te voy a presentar a la compañía que vas a contratar´”.

El enésimo video difundido a través de Twitter muestra un mototaxi parado en el cruce de una calle en la colonia Euzkadi de la Ciudad de México. Hartos de las extorsiones, los conductores habían ido contra los delincuentes, pero uno de ellos lo pagó caro: el encapuchado se acerca con su pistola y de un tiro lo derriba al suelo. Y lo remata. El crimen se ha adueñado de cada calle. Todos quieren cobrar su parte, que en muchas ocasiones no es más que el reparto de la miseria.

Para Atuesta, no hay duda. Los ciudadanos, en tanto consumidores, “estamos financiando” a estas redes criminales. Pero todo está a oscuras. “Hay mala calidad de la información oficial y no se puede hacer un buen trabajo sobre el terreno”, afirma Astorga. “Es difícil determinar la correlación de fuerzas entre la política y el crimen. La opacidad de los gobiernos se mide en cada sexenio, en este hay una gran opacidad, una enorme dificultad para obtener datos duros y los que existen, sale el presidente y los niega. Y a él le cree más la gente que a la virgen de Guadalupe”, ironiza Astorga. Para que un ciudadano sepa que su dinero no está financiando actividades ilegales, solo le queda “comprar una caña y pescar él mismo lo que va a comer”.

Fuente: El país