Es urgente que las autoridades asuman sus responsabilidades y fortalezcan a los Sistemas Estatales Anticorrupción
MĆ©xico sigue siendo el paĆs peor evaluado de la OCDE en percepción de la corrupción; y es el segundo peor evaluado en el G20
Los ComitĆ©s de Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), revelaron en las juntas nacionales de febrero organizadas por la Confederación Patronal de la RepĆŗblica Mexicana (Coparmex) que, pese a los logros alcanzados en el paĆs, operan sin apoyo institucional.
Integrantes del CPC nacional, asà como de los estados de Guanajuato, Puebla, Sonora y Oaxaca, expusieron sus principales resultados, entre los que destacan la instalación del comité, considerado un parteaguas para que los Estados diseñaran sus propias representaciones, la implementación de la Plataforma Digital Nacional (PDN) y la institucionalización de la Red de Participación Ciudadana que sesionó por primera vez en diciembre pasado.
Al mismo tiempo, señalaron hechos sumamente graves para el funcionamiento de los SEA, como en el caso de Sonora que cuenta únicamente con dos integrantes -y en breve solo uno- lo que afectarÔ aún mÔs su capacidad de operación, esto, debido a que las autoridades que no han mostrado voluntad para realizar el proceso que permita integrar al Comité de Selección que a su vez debe elegir a los miembros faltantes del CPC.
En Coparmex consideramos que, en este caso, no se debe repetir la historia ocurrida a nivel nacional, donde fue mediante la interposición de un amparo ciudadano que se obligó al Senado a nombrar a la Comisión de Selección para que ésta designe a los integrantes faltantes. Es fundamental que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Sonora cumpla con su obligación de emitir, de manera inmediata, la convocatoria para llevar a cabo el proceso de selección.
Por otra parte, se evidenció el boicot reiterado al SEA de la Ciudad de México y su CPC, cuyos miembros se vieron forzados a renunciar después de dos años de trabajo en el que no recibieron el apoyo de las autoridades del Gobierno de la ciudad y del Congreso Local para lograr el funcionamiento del sistema.
Es lamentable que, en el caso de las Ciudad de México, las autoridades incluso han declarado que no creen en el SEA y por ello no cumplieron con las obligaciones que al respecto prevén la Constitución, la Ley General del SNA y la legislación local correspondiente.
Desde la confederación expresamos nuestra preocupación por los casos de Sonora y la CDMX y hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan sus obligaciones legales y den a los SEA, CPC y al SNA el respaldo institucional correspondiente, pues la lucha contra la corrupción es una tarea que nos convoca a participar sin dilaciones y que es, ademÔs, su deber constitucional.
Reiteramos nuestra convicción de defender a los sistemas anticorrupción y de impulsar en ellos la participación ciudadana, pues estamos convencidos que es con instituciones, leyes y recursos suficientes como se combate el flagelo de la corrupción, y no solamente con discursos, sobre todo en un contexto donde nuestro paĆs sigue siendo el peor evaluado de la OCDE en percepción de la corrupción y el segundo peor evaluado en el G20.
Ante la eventual inacción gubernamental, confiamos en que una vez mÔs el Poder Judicial ampararÔ y obligarÔ a las legislaturas locales a cumplir con su deber de emitir convocatorias a procesos de selección y a los gobiernos a proponer en sus presupuestos los recursos a los que les obliga la ley para la operación de los secretariados ejecutivos y los CPC.
El menoscabo que sufren los CPC por autoridades locales es una afrenta al cumplimiento de la ley, es darles la espalda a los mexicanos y es otorgar carta abierta a los corruptos para que actúen al margen de la ley en total impunidad. Los ciudadanos debemos insistir para que no se retroceda en los logros alcanzados en el combate a la corrupción.
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