En Quintana Roo, solo un tercio de los proyectos de desarrollo urbano y turísticos son sometidos a una evaluación ambiental para determinar su impacto en el ecosistema, de acuerdo con información de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).
De acuerdo con los datos de las autoridades ambientales, del 2018 al 2022 hubo cuatro mil 341 proyectos a los que se les comprobó una compatibilidad urbanística, y que obtuvieron autorizaciones urbanas.
Sin embargo, solo a mil 446 se les hizo el trámite en materia de impacto ambiental, lo que representa el 33.31% de los proyectos.
Wady Hadad, secretario técnico de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), resaltó que los proyectos de desarrollo urbano en general han resultado en una deforestación de mil 882 hectáreas de vegetación, equivalentes al 15% del total de hectáreas deforestadas del 2018 al 2022.
“El desfase de estos proyectos se dio después de la entrada en vigor de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, con la que los proyectos se enfocaron en los aspectos del estudio de impacto territorial, por parte de la autoridad urbana”, explicó.
Como ejemplo, el entrevistado estimó que la deforestación para una hectárea de manglar puede tener un costo de más de dos millones de pesos, aunque los precios de los impactos varían según las especies presentes, la zona de los proyectos, el tipo de proyecto, las funciones de los desarrollos entre otros aspectos.
“Si lo comparamos con cuestiones de impactos sinérgicos en materia de impacto ambiental, estas mil 882 hectáreas de afectación representan mucho más en el sentido de la generación de residuos sólidos urbanos, contaminación del agua, del aire, entre otras”, lamentó.
Por otra parte, señaló que la gran presión por la instalación de infraestructura como muelles de cruceros, carreteras, proyectos transfronterizos, y ahora varias iniciativas de proyectos estratégicos como aeropuertos y el tren maya, son factores que generan que no se hagan las evaluaciones.
“Tenemos una migración en algunos municipios arriba del 15% anual, y el arribo llega a ser alrededor de 15 mil turistas flotantes (…) en enero del 2022 había mil 269 hoteles en el estado, con un total de 123 mil 079 cuartos de hotel”, dijo.
Ante esto, explicó que la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado es la que establece un marco jurídico para prevenir y corregir los impactos ambientales, aunque hacer evaluaciones a los proyectos en desarrollo a los que no se les aplicó en un inicio, puede tomar años, o incluso no hacerse.
Aunque, aclaró que la conservación del ambiente es también responsabilidad de la ciudadanía, y ésta tiene el derecho a un medio ambiente sano, por lo que comentó que en caso de presenciar descargas de aguas negras, talas ilegales, entre otras actividades ilícitas, deben reportarlas a las autoridades.
Cabe mencionar que la riqueza natural en Quintana Roo abarca desde barreras de manglar, la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, el corredor Calakmul-Sian Kaan, con más de 600 hectáreas de bosque, el hogar del jaguar, entre muchas otras, motivos por lo que es vital la conservación.
Finalmente, de acuerdo en el 2018 se realizaron análisis de compatibilidad urbanística a mil 504 proyectos, pero solo a 382 se les hizo evaluación en materia de impacto ambiental.
En el 2019, de 754 proyectos se le hizo evaluación ambiental solo a 336; en el 2020, de 701 desarrollos urbanos se le hizo evaluación a 247; en el 2021 se hizo la evaluación a 322 obras de 924; y en 2022 se asignó la compatibilidad urbanística a 458 trabajos urbanos, pero se evaluaron solo a 159.
Fuente: Novedades Qroo
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