“Es evidente que las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados están de acuerdo en que es el momento para aprobar la reforma que reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas, lo que entonces se espera es saber el cómo, es decir, si se dará un año para su implementación o si este cambio se hará gradual”, afirmó Germán de la Garza de Vecci, especialista laboral en Fisher Phillipps, a su salida de la primera sesión del Parlamento Abierto que se desarrolló en la Cámara de Diputados.
Añadió que “hay una gran expectativa y preocupación en las empresas, pues saben que les lleva tiempo hacer una reestructura; además ello implica costos en la nómina de aproximadamente 30% que deberán asumir, de ahí la importancia para que la discusión se centre en cómo se irán implementando los cambios”.
Las empresas requieren reingeniería, en algunos casos automatización de procesos, y no es sencillo hacer un cambio radical.
Santiago Irusteta Gallego, abogado laboral para Industrias Bachoco, destacó que “si esta reforma se implementa de un día a otro, las empresas difícilmente vamos a poder adoptar estos cambios de manera tan pronta o radical”.
Advirtió que podría haber impactos en el comercio y en la inversión que se tiene planeada, “pues puede frenarse”, así como en la nómina y en problemas de transición.
De manera clara y directa Héctor Mercado, magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo, del Primer Circuito Judicial, afirmó que este es el momento para aprobar la reforma, y añadió que otorgar un año para su implementación sería lo correcto.
Destacó que “el panorama es más amplio que hablar de productividad, se trata de seguridad social, de salud y de dignidad para el trabajador”.
Indicó que la modificación debe establecer la obligación de capacitar a las y los trabajadores como eje central de la productividad; de lo contrario, “al disminuir la jornada para generar más plazas, la crisis social será más profunda”.
Para la magistrada presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, María del Rosario Jiménez Moles, es indispensable fortalecer el sistema de justicia laboral y expresó que una persona sometida a una jornada laboral excesiva tiene, según la Norma Oficial Mexicana 35, problemas a nivel mental, digestivo y del corazón, además genera problemas de estrés, produce algunas incapacidades y genera mayor costo en los sistemas de seguridad social.
Sugirió cuidar a las pequeñas y medianas empresas, vincular a las empresas de plataformas tecnológicas y generar exenciones fiscales para que las Pymes puedan salir adelante cuando son las que generan el 85% del salario al país.
“No se debe seguir con una jornada tan amplia cuando las naciones que tienen mayor productividad y capacidad hablan de 32 horas; se requiere trabajo decente”, dijo.
El Economista
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