José Cortazar Navarrete.- Mérida, Yuc. 6 de abril. – Al menos, el 37 por ciento de las empresas nacionales tiene alguna medida de protección contra la delincuencia. Es importante establecer que, anualmente, las empresas mexicanas pierden unos 50 mil millones de pesos por crímenes como: robo, violencia, derechos de piso, ataques cibernéticos y corrupción, entre otros.
Según reporte ‘Empresas bajo fuego’ realizado por el organismo México Evalúa y publicado en marzo pasado, los sectores económicos erogaron en 2021 unos 69 mil 901 millones de pesos para protegerse, condición que implica una serie de medidas ante las amenazas de crímenes contra las empresas.
El informe, detalla las condiciones económicas que imponen a las empresas la necesidad de mayores mecanismos de seguridad, ahora con mayor intensidad los ataques cibernéticos, pero, además robos, abusos, corrupción, siniestros, derechos de piso y otro tipo de crimenes que se agudizan por zonas del país.
Según este reporte, cada producto en mostrador puede costar hasta 10 por ciento más, que debe de pagar el consumidor final como cargo por las medidas de seguridad que aplica, desde pagos de seguros, robo hormiga y costos de vigilancia, tanto electrónica, cómo física en centros de consumo o almacenes.
El documento ‘Empresas bajo fuego’ hace una valoración pormenorizada de las distintas condiciones que implican problemas de seguridad en las empresas. En el caso de Yucatán, si bien, el mayor problema es el robo hormiga en los comercios, las empresas yucatecas deben de cubrir otras necesidades, como el robo en carreteras, los actos de corrupción con la burocracia en sus tres niveles de gobierno y las tareas de protección electrónica y física.
“Empresas bajo fuego” se realizó en participación con el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), el objetivo es analizar los factores que rodean al fenómeno de victimización del sector privado en México, junto con sus características y afectaciones económicas. Para ello, se utilizaron datos de las seis ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), recopilada cada dos años, desde 2012, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La medición hace un balance tras la pandemia del Covid, cuando se constató que, cerca de 1.6 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos en el país, cerraron sus puertas definitivamente por efectos de este hecho global. Sin embargo, los datos de la encuesta advierten que la delincuencia no se redujo, sino que se intensificó en algunos puntos del país y en algunas de sus modalidades.
Los mismos datos indican que, el sector comercio es el más afectado, contra el sector industrial y de servicios, siendo que, el promedio de vínctimización es de 2,1 por cada 10 mil unidades económicas y que, el 90 por ciento de los delitos en el país no se denuncian.
De manera específica sobre la situación de la delincuencia contra empresas en Yucatán, el informe destaca que, nuestro estado destaca con la tasa de prevalencia delictiva más baja en el país. Éste es un fenómeno persistente en dicho estado, con las tasas más bajas de homicidios también, a pesar del aumento de violencia generalizada en el país por casi 20 años.
En tanto que, hay una clara concentración de tasas comparativamente más altas –por arriba de 3 mil por cada diez mil unidades económics– en las entidades de la zona del Bajío –Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato–, además de los casos de Durango, Sonora, Colima, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala donde las cifras de crímenes es mucho mayor.
Descubre más desde NotaTrasNota
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
