El recorte aprobado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados encendió alertas en el INE, considera inviable organizar la elección judicial promovida por oficialistas
Por: Ernesto Núñez y Alexis Ortiz (Animal Político).- El recorte de 13 mil 476 millones de pesos a la partida presupuestal solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2025, aprobado anoche por los oficialistas en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, hace inviable la elección de personas juzgadoras, una idea promovida por la misma mayoría en el gobierno.
Según las estimaciones de reasignaciones hechas por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el INE tendría solamente 5 mil millones para llevar a cabo esta elección, cuando su solicitud presupuestal fue de 13 mil 205 millones de pesos, basada en las estimaciones de sus áreas técnicas y operativas.
De la partida original solicitada por el INE, de 40 mil 476 millones de pesos, los diputados prevén otorgar sólo 27 mil millones, de los cuales, 7 mil 354 millones corresponden a las prerrogativas que, por ley, el INE entrega directamente a los partidos políticos.
Esto quiere decir que el INE contaría solamente con 19 mil 646 millones de pesos; de los cuales, 15 mil 295 millones corresponderían a su presupuesto base, el que solicita cada año para su operación habitual y sus funciones legales, como la administración, actualización y protección del Registro Federal de Electores.
Así, para llevar a cabo la elección mandatada en la reforma del Poder Judicialrestarían menos de 5 mil millones de pesos.
Según diputados de Morena, la sugerencia que harán al INE es que recorte su gasto operativo a 11 mil millones de pesos, para que le puedan destinar alrededor de 9 mil millones de pesos a la elección judicial.
Sin embargo, en el proyecto de dictamen que anoche discutió la Comisión de Presupuesto sólo se establece el recorte general de 13 mil 476 millones de pesos, sin indicar qué rubro solicitado por el INE se considera prescindible.
Tampoco hay argumentos técnicos que sostengan el recorte, y el dictamen contiene errores como la afirmación de que en las elecciones federales de 2024se eligieron más de 20 mil cargos, y el INE pudo hacerlo con menos recursos.
“El presupuesto proyectado por el Instituto supera en poco más de 18 % el presupuesto aprobado en 2024, no obstante que el proceso electoral de 2024 fue reconocido como el más grande que ha tenido México, debido a la cantidad total de cargos de elección que fue de 20,708.
No pasa desapercibido que durante el 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, sin embargo, la presupuestación de este proceso se basó en estimaciones y no en cifras reales, debido a que no existe en México un precedente como éste. En este tenor, la elección extraordinaria que se llevará a cabo en 2025, representa únicamente el 7 % de candidaturas a elección en comparación con la que se realizó en 2024”, señala el documento.
Pero las cifras son falsas: en 2024, el INE organizó las elecciones federales para 629 cargos con tres boletas distintas: la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías. Y el resto de cargos correspondieron a las elecciones concurrentes a nivel estatal y municipal, que tuvieron un costo adicional financiado por cada una de las entidades federativas.
En realidad, para 2025, la reforma judicial mandata al INE organizar eleccionesfederales más grandes que las de 2024, pues en ellas se elegirán 881 cargos con seis boletas distintas: 9 ministras y ministros de la Corte; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 2 magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral; 464 magistraturas de Tribunal de Circuito y 386 jueces de Distrito.
Consejeros electorales consultados señalaron que un recorte de la magnitud planteada en el dictamen haría inviable organizar el proceso electoral con la misma calidad técnica de los comicios que ha organizado el INE en las últimas décadas; tampoco podrían garantizarse las mismas condiciones de certeza a la secrecía del voto y la misma posibilidad de emitir el voto en casillas cercanas a los domicilios de la ciudadanía.
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