Alto Comisionado de la ONU para DH advierte sobre prisión oficiosa del gobierno federal

Nueva York. – (Agencias) El Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos Volker Türk expresó su preocupación por la reforma judicial aprobada por el oficialista partido en el gobierno –lo he dejado muy claro- señaló, porque tememos que algunas de las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del poder judicial, pero también su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho.

He pedido a los responsables de la toma de decisiones que aseguren la independencia del poder judicial y que garanticen que las personas candidatas que se presenten sean personas íntegras e idóneas, con la formación y las cualificaciones adecuadas.

Expresó: “Y, como también habrán visto, he hecho comentarios sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México, sino también en muchas otras situaciones”. “De hecho, necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento en términos más generales” subrayó.

Ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), ONU México reafirmó que, esta figura contraviene viola los DerechosHumanos. La PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una Detención Arbitraria, señala el organismo mundial.

Volker Turk dijo que, ampliar la PPO: “Nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México (…). Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento”, sostuvo el funcionario de ONU.

El gobierno federal publicó los cambios aprobados por el poder judicial para la aplicación de la PPO, acción que violenta flagrantemente los Derechos Humanos de las personas en este país, pero que a la vez, viola Tratados Internacionales firmados por el gobierno en administraciones anteriores, lo que establece un conflicto de condiciones y apectos negativos por la legalidad, el estado de Derecho y los Derechos Humanos de los ciudadanos.