Urgen a Congreso aprobar leyes reglamentarias de prohibición de vapeadores

La implementación de la prohibición puede ser vía Ley General de Salud o bien a través de la Ley General de Control de Tabaco. El anuncio de la prohibición ocasionó que se dispararan las ventas hasta 40%; algunos temen que se le esté entregando un negocio millonario a la delincuencia organizada y otros señalan que las instituciones involucradas deben asegurarse de que eso no ocurra.

Mientras transcurre el tiempo determinado en el decreto por el cual se incluyó en la Constitución la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos, tanto quienes promovieron la reforma, como quienes estuvieron en contra, urgen al Congreso federal y a los estatales a que emitan las leyes reglamentarias respectivas y realicen ya la armonización del marco jurídico en la materia.

El 17 de enero pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo cuarto que dice:

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.

En los artículos transitorios señala que el Congreso de la Unión, tiene hasta el 17 de julio de 2025 para armonizar el marco jurídico de las leyes en la materia ncon el contenido del decreto y las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el mismo, antes del 19 de enero de 2026.

Para el empresario de la industria de los vapeadores, Juan Felipe Covarrubias, es muy importante que se aprueben ya las leyes reglamentarias porque hoy es una prohibición sin consecuencias.

“Esa es la situación en la que estamos hoy: está prohibido en la Constitución, pero no hay sanciones”.

En su opinión ahí va a estar la clave del asunto, sobre todo porque los legisladores colocaron la prohibición del vapeo en el mismo párrafo que metieron la prohibición del fentanilo, cuando, en ninguna circunstancia son equiparables.

En su opinión, existe el peligro de que, al estar los dos temas juntos, puedan equipararse entre sí y entonces imponer las mismas sanciones para los dos temas.

Además, pueden ocurrir excesos al tratar a un usuario de vapeador como si fuera un traficante de fentanilo.

Por su parte Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa, indica que si bien hasta ahora no se sabe qué es lo que establecerán las leyes secundarias en cuestión, la implementación de la prohibición puede ser vía Ley General de Salud o bien a través de la Ley General de Control del Tabaco.

Para Salud Justa, los contenidos mínimos esperados en la legislación secundaria son la distribución de competencias, es decir que se señale claramente quiénes serán las autoridades locales o federales que se van a encargar de la vigilancia de que ya no haya establecimientos y plataformas en internet que vendan estos artículos.

Además, que se conozcan las sanciones para quienes violen la prohibición y la promoción de la salud, y en ello se debe tener claro cómo se va a hacer, por ejemplo, si es necesario incorporar en los contenidos de la educación.

Destaca que, si bien es importante que la regulación se tenga en los tiempos establecidos en los artículos transitorios del decreto en cuestión, también lo es que se haga, correctamente, con cuidado en los detalles, con el fin de que su implementación sea efectiva para que no se le pueda dar la vuelta.

Consecuencias inmediatas y de corto y largo plazo

La sola discusión de la iniciativa en el Congreso de la Unión, ocurrida a finales del año pasado, generó consecuencias inmediatas y se espera que, cuando se realice la armonización del marco jurídico de las leyes en la materia con el contenido del decreto, haya repercusiones de mediano y largo plazo.

Las consecuencias inmediatas fueron que durante diciembre y enero se registraron “compras de pánico” ante la posibilidad de que se aprobara en el Congreso la prohibición y después se promulgara, como ocurrió, explica Covarrubias.

“Se incrementaron las ventas en un 40% y son clientes recurrentes, que dejaron de fumar con la ayuda del vapeo y que ahora, ante la posibilidad de no poder comprar, dicen: dame el stock de un año”.

Otra repercusión inmediata es que ya comenzaron a cerrar algunas tiendas, pues sus propietarios consideran que, ante la prohibición, desde la Constitución, ya no hay nada que hacer, sobre todo cuando ya se puso en ley la supremacía constitucional, que es un principio jurídico que establece que la Constitución es la norma suprema de un país, por encima de cualquier otra ley o norma y nadie se puede amparar contra ella.

Según el empresario, hasta el momento los precios no se han incrementado, porque hay tiendas que tienen una buena cantidad de productos almacenados.

En el mediano plazo, lo que ocurrirá —apunta—, es que, quienes vapean, van a seguir haciéndolo, pero con riesgos mayores porque no va a haber ninguna regulación de la calidad de los productos.

Al haberse optado por la prohibición, en lugar de la regulación, lo que habrá es que circulen vapeadores y cigarrillos electrónicos, sin ningún control de calidad, tanto de los artefactos, como de los líquidos que utilizan, señala.

Por otra parte, indica que algún porcentaje optará por regresar a fumar tabaco por no poder vapear.

Sobre este asunto, Antonio Ochoa, comentó que estudios realizados por instituciones de salud del país refieren que la mayoría de quienes consumen cigarros electrónicos o dispositivos para calentar el tabaco son consumidores duales, es decir que usan esos artefactos y también fuman cigarrillos convencionales y en la mayoría de los fumadores no se ha dado la transición referida.

Desde la perspectiva de los empresarios del sector, es muy probable que la gente que dejó el cigarro y en su lugar vapea, y, a pesar de la reforma, va a seguir vapeando, porque lo que busca es alejarse del tabaco. Lo delicado es que ahora los comprarán en el mercado negro, el cual tiene muchos riesgos.

Covarrubias refiere que los servicios de salud de Estados Unidos han llegado a la conclusión que casos de enfermedades graves han sido a consecuencia del uso de vapeadores adquiridos en el mercado negro, adulterados y adicionados con lípidos.

“Eso es lo que se está incentivando en México, que haya gente sin escrúpulos que los venda”.

Además, llama la atención en que, al considerarse un mercado ilícito de miles de millones de pesos, quienes lo van a controlar son grupos de la delincuencia organizada.

En este aspecto, Antonio Ochoa refiere que hay un ecosistema de instituciones que tienen que hacer su trabajo para que este tipo de productos no sean comercializados, incluso por la delincuencia organizada.

Al momento de la reforma, la industria del vapeo en México estaba en crecimiento.

Cifras del sector refieren que en México hay alrededor de 150,000 negocios de artículos de vapeo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2023, publicada en 2024, en cuanto a cigarrillos electrónicos, 12.9% de la población de 15 años o más (12 millones), usó alguna vez y actualmente 2.1% de los adultos reporta usar cigarros electrónicos.

Imagen toamda de:EL ECONOMISTA.

Si se toma en cuenta que, según el Inegi, en 2023 había 129.5 millones de habitantes en México y de ellos 100.1 millones tienen 15 años o más, hay 2.1 millones de personas en ese rango de edad que usa cigarrillos electrónicos.

El uso de los cigarros electrónicos es mayor entre los hombres (3.1%) en comparación a las mujeres (1.2%).

Además, su consumo actual es mayor entre los adultos de 15 a 24 años (4.1%) y decrece el porcentaje respecto de la edad (25 a 44 años (2.9%), 45 a 64 años (0.3%) y 65 años o más (0.1%).

El consumo de cigarros electrónicos es mayor en áreas urbanas (2.5%) en comparación a las rurales (0.6%). Es mayor en aquellos con educación universitaria (3.6%) y menor en aquellos con educación primaria (0.5%) o sin educación formal (0.0%).

De acuerdo con el Inegi, en el primer trimestre de 2024, en México había 31 millones de personas jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. La cifra representó 23.8 % del total de la población (129.7 millones).

Fuente: EL ECONOMISTA.