Eduardo May.- Mérida, Yuc. 21 de junio.- La cúpula empresarial formada por Coparmex, CNET, Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Empresarial de Exportación dieron a conocer un comunicado conjunto para señalar su abierta oposición y frenar la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes.
El anuncio busca establecer una responsabilidad por parte de las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del gobierno federal ante la condición de entregar vivienda a personas que ocupan ilegalmente viviendas y que serían vendidas o cedidas como propiedad.
Las Cámaras empresariales insistieron en que, el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad. Ya que, las viviendas se construyen con apotaciones obrero-patronales y no son recursos del estado, por lo que, dichas propiedades no pertenecen al estado y no pueden donarse, venderse o entregarse de manera ilegal.
El sector empresarial declaró de manera tajante que, la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados,contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad.
Los sectores económicos demandaron la responsabilidad del funcionario ya que, esta condición pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. El Infonativ no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen, suscribe el comunicado.
De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil—con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente, aseveran los empresarios.
Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.
En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.
El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Sedatu o la Conavi, recalcaron los empresarios.
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