
EE.UU. impone arancel del 17.09% a tomates mexicanos tras romper acuerdo comercial

Fin del pacto de 2019 reactiva guerra comercial en el sector agrícola
El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció la terminación del Acuerdo de 2019 que suspendía los aranceles antidumping a los tomates mexicanos, imponiendo una tarifa del 17.09% desde el 14 de julio. La medida, respaldada por el secretario Howard Lutnick, busca proteger a los agricultores estadounidenses de prácticas comerciales «desleales». México, principal exportador de tomate a EE.UU. (86% del mercado en 2024), enfrenta ahora presiones inflacionarias y negociaciones urgentes. El conflicto revive tensiones históricas, con cinco acuerdos previos desde 1996.
Postura de EE.UU.: «Proteger a nuestros agricultores»
El gobierno estadounidense justificó la decisión como una respuesta a años de dumping, donde los tomates mexicanos se vendían por debajo de su costo de producción. Lutnick argumentó que el acuerdo de 2019 no eliminó el daño a los productores locales, citando datos de la Comisión de Comercio Internacional (USITC). La tarifa, calculada sobre el 85% de las importaciones, busca equilibrar precios y frenar la dependencia del mercado mexicano. La medida alinea con la política comercial de la administración Trump, que prioriza la protección industrial.
- Impacto económico: La cuota elevará costos para consumidores y empresas estadounidenses, con riesgo de inflación en alimentos.
- Tensiones bilaterales: México, que exportó $3,234 millones en tomates en 2024 (+15% anual), podría retaliar con medidas comerciales.
- Negociaciones en curso: La USITC evalúa revisar la tarifa si hay «cambios de circunstancias», aunque un alivio parece improbable a corto plazo.
México, representado por el secretario Marcelo Ebrard, busca negociar un nuevo acuerdo, como en 2019, cuando seis meses de diálogos evitaron aranceles. Mientras, los exportadores mexicanos pagarán la tarifa durante las conversaciones. La USITC recopila opiniones de actores clave, pero un cambio en la política requiere evidencia sólida de que el dumping ya no perjudica a EE.UU. El conflicto podría escalar si no hay avances en 90 días, plazo histórico para resolver disputas similares.