CdeM 8 de agosto .- Coparmex advertió con claridad que la reforma electoral no puede, ni debe ser una herramienta para debilitar al Instituto Nacional Electoral. Cualquier reforma que vulnere la autonomía del INE, que distorsione la representación proporcional o que cierre espacios a la pluralidad política, no será un avance sino un retroceso democrático”.
La Confederación presentó un informe de observación a la elección judicial, en el que destaca conclusiones y recomendaciones para evitar en el futuro comprometer la independencia del Poder Judicial.
Por ello, Coparmex propone una agenda nacional para evaluar el desempeño de jueces y magistrados electos, reforzar la carrera judicial y sancionar irregularidades.
La cúpula empresarial del país pidió no ahondar en la incertidumbre económica con una propuesta de reforma electoral en este momento y demanda que esta sea ampliamente consensuada.
Y destacó que, el país atraviesa un punto de inflexión democrático. La elección judicial 2025 marcó un precedente inédito: por primera vez en la historia, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, el proceso mostró fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos.
Ante esta realidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025.
Con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y observadores en el 65% del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país, el organismo empresarial reveló hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso y alertó sobre riesgos para la autonomía judicial.
El informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), consolida evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.
Al presentar el informe, el Presidente Nacional Juan José Sierra Álvarez, señaló: “Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.
La participación fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. En términos reales, casi 2 de cada 10 votos no se contabilizaron.
Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre “acordeones” y resultados, confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana. Este conjunto de irregularidades no solo compromete la legitimidad de la elección, sino que exhibe una desconexión profunda entre el modelo electoral judicial y la ciudadanía, dejando sin garantías la independencia y la certeza jurídica que exige un Estado de Derechos sólido.
La vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo, Ximena Céspedes Arboleda, presentó las recomendaciones incluidas en el informe. “Estas propuestas no buscan polarizar, sino corregir. No pretenden deslegitimar a las personas electas, sino garantizar que cumplan su función con integridad y apegadas al derecho”, enfatizó.
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