IP de Yucatán rechaza el ‘bono de movilidad’ del transporte urbano

Mérida, Yuc. 29 de septiembre.- Eduardo May.- Claudia González Góngora presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, (CCE-Yucatán), rechazó la propuesta de los concesionarios del transporte estatal de crear un bono de movilidad para financiar el sistema Va y Vén, al considerarla inviable por generar conflictos laborales y cargas adicionales a las empresas.

Claudia González, también presidenta de Canirac dijo que, la responsabilidad de las inversiones y financiamiento del servicio del transporte público en la ciudad “recae en autoridades y concesionarios, y destacó que buscarán soluciones con la Agencia de Transporte sin afectar al sector privado”.

El Gobierno estatal busca financiamiento para el servicio urbano de transporte Va y Ven luego de realizar una valoración del impacto económico del seguimiento donde se han reportado pérdidas por cerca de mil millones de pesos. La administración estatal de Mauricio Vila implementó un nuevo servicio de transporte en Mérida en 2021; sin embargo, el gobierno estatal en funciones ha reiterado que el actual sistema es inviable.

Al respecto, la presidente de la cúpula empresarial de Yucatán recalcó que, la sugerencia de los concesionarios de implementar un bono de movilidad laboral para que las empresas otorguen un apoyo a trabajadores a través de las tarjetas del Va y Ven, es inviable.

González Góngora, señaló que, aun y cuando no hay una notificación oficial por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), el sector empresarial no está de acuerdo, ya que la situación económica actual no lo permitiría.

Respecto a este bono solicitado por las empresas de transporte apuntalaría la planeación presupuestal 2026 del servicio tendría como ventaja deducibilidad fiscal y no se tomaría como ingreso para el trabajador. Sin embargo, los representantes de las 17 Cámaras empresariales del estado se negaron a sostener el respaldo para financiamiento del servicio. 

La dirigente empresarial recalcó que, hasta el momento, no cuenta con mayor información sobre esta propuesta, pero rechazó la imposición de un bono de movilidad laboral como medida unilateral para mejorar los ingresos del sistema Va y Ven, considerándolo un impuesto para las empresas.

“De ser obligatorio, el bono de movilidad se vería como una carga impositiva adicional para el sector productivo, lo que podría afectar su capacidad para generar empleos y desarrollo económico”, indicó.

De esta manera, el CCE rechaza la propuesta unilateral, impulsada por la ATY y los concesionarios, sin una previa presentación de estudios técnicos o de viabilidad. González Góngora recalcó que el CCE aboga por un diálogo abierto y transparente para construir un modelo de movilidad funcional, digno y eficiente, pero subrayó que no se deben imponer costos adicionales a las empresas.