Mérida, Yuc. 23 de oct/Eduardo May -El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito concedió la suspensión provisional y ordenó detener de manera inmediata el dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso.
A través del juicio de amparo 1919/2025 que promovieron defensores ambientales, la obra de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, Yucatán, fue suspendida, ya que, según la Semarnat, no existe hasta ahora, un manifiesto de impacto ambiental que autorice la obra ya iniciada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y la Secretaría de. Marina.
La obra iniciada en marzo pasado tiene un avance aún incipiente, se busca dragar la rada del Puerto de Altura, el relleno de 80 hectáreas que serán ganadas al mar para la ampliación de terminales para contenedores, barcos de transporte de combustible y cruceros, programada para estar terminada en agosto de 2026.
En este contexto, los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti promovieron un amparo, 1919/2025 y solicitaron la suspensión del dragado y relleno, siendo el Tribunal Colegiado, después de revisar la documental, declaró fundados los actos reclamados y concedió la suspensión provisional para detener de inmediato la obra.
En agosto pasado, el gobierno federal dio a conocer la llegada de la draga «Fernando de Magallanes», para realizar los trabajos marinos de desazolve para modernizar y ampliar el puerto, para incrementar la profundidad con la intención de recibir barcos más grandes y aumentar el área operativa.
Este día se dio a conocer que, la autoridad federal judicial ordenó notificar a las partes demandadas, así como a la Administración del Sistema Portuario Nacional, Progreso, Sociedad Anónima de Capital Variable (Asipona, Progreso) a fin de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar concedida, y fijó el plazo de 24 horas para que acredite ante el juzgado federal haber dado cumplimiento a la medida suspensiva, en los términos concedidos hasta en tanto se dicte la resolución de suspensión definitiva.
Esta suspensión, señalan los demandantes, es un paso clave para proteger el mar, la pesca ribereña y los derechos de las comunidades costeras, «El dragado no puede continuar sin garantías ambientales ni consulta pública», señaló Medina Rejón, representante legal del juicio iniciado por habitantes del municipio de Progreso.
El dragado y la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, se comenzó sin los permisos correspondientes y estudios de impacto ambiental como: Estudios de MIA para el dragado, Estudios batimétricos y morfológicos que evidencian alteraciones del fondo marino, entre otros.
Comunidades de Progreso, Chicxulub Puerto y Chelem, junto con defensores ambientales promovieron el juicio de amparo ante la falta de consulta pública, la omisión de evaluación científica y los impactos acumulativos del dragado.
Se impugnó actos de autoridades federales, estatales y empresas privadas que ejecutan el proyecto sin transparencia ni medidas de mitigación.
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