La reforma endurece sanciones y homologa el delito en el país. Incluye variantes como el «derecho de piso» y los «montachoques».
El Senado mexicano aprobó por unanimidad cambios significativos a la ley contra la extorsión. La nueva normativa endurece las penas para los extorsionadores, estableciendo un tope máximo de 42 años de prisión. Esto dependerá de las agravantes incurridas, corrigiendo la laxitud de la propuesta anterior. La sanción mínima quedó establecida entre 15 y 25 años de cárcel. Anteriormente, el texto contemplaba penas de seis a 15 años.
La ley homologa el delito para su persecución en las 32 entidades del país. Se investigará de oficio, sin necesidad de un denunciante plenamente identificado. Se incluyen variantes como el «derecho de piso», los «montachoques» y las llamadas desde prisiones. También se endurecieron las penas contra funcionarios que omitan denunciar el delito. Ellos enfrentarán de 10 a 20 años de cárcel, recuperando la propuesta original del Ejecutivo.
Esta reforma logró la unidad momentánea entre el oficialismo y el bloque opositor. Sin embargo, la oposición criticó la falta de presupuesto etiquetado para su ejecución. La panista Guadalupe Murguía advirtió que sin recursos, la ley podría quedar en buenas intenciones. Se añadieron agravantes por el uso de plataformas digitales y atención con perspectiva de género. El proyecto regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
La información y los datos provienen de EL PAÍS, basados en la discusión legislativa en el Senado de la República y declaraciones de las senadoras Alejandra Barrales y Guadalupe Murguía.
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