Mérida, Yuc. 27 de nov/Eduardo May/ – La cúpula empresarial de Yucatán dijo no rotundamente a la intención del gobierno estatal de incrementar el impuesto a nóminas y con ello intentar recaudar mil 753 millones de pesos poniendo en peligro fuentes laborales, sostenimiento de las empresas y la productividad.
Representantes de las 17 cámaras empresariales de Yucatán aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial firmaron un documento para pedirle al gobierno dialogo, ante la imposición del nuevo gravamen que impacta de manera directa a las empresas y presiona las condiciones de inversión, creación de empleos e incentivos para la productividad.
Claudia González Góngora presidenta del CCE de Yucatán sostuvo que, sin informar a la IP, el gobierno pretende la aprobación del Congreso del Estado del incremento del porcentaje por impuesto sobre nómina, cargando a las empresas los costos de servicios que el gobierno usa para solventar problemas económicos.
La IP yucateca en su conjunto afirmó que, en 2024 el gobierno estatal recaudó 4 mil 858 millones de pesos por el impuesto a la nómina, es decir 1,1 millones de pesos diarios adicionales. Siendo este gravamen el 72 por ciento de toda la recaudación local propia.
Ante cerca de 100 empresarios socios del CCE-Yucatán, González Góngora señaló que, los yucatecos pagarán los platos rotos del incremento al impuesto sobre nómina, ya que tendrán se elevarán los costos de producción, por ende, de los productos y se perderán incentivos y mejoras laborales.
La IP subrayó que el tema económico no es un debate ideológico, es un análisis técnico sobre productividad, costos laborales, competitividad y la super vivencia de las empresas, ya que subir el impuesto significa encarecer la contratación sin generar valor adicional
El Gobierno del Estado ha presentado una iniciativa al Congreso del estado para elevar el impuesto de nómina de 3.00 a 4.20 por cada cien pesos, un incremento del 40 por ciento que elevará los costos de operación de miles de negocios y que, tarde o temprano, terminará en precios más altos para todos los ciudadanos.
El documento ofrecido por los empresarios detalla que: más impuestos es igual a más costo laboral, que más costo laboral se refleja en precios más altos, en tanto que, precios más altos repercute con menor consumo y que menor consumo representa pérdida de empleos.
De la misma forma, advirtió que este incremento al gravamen de nómina se refleja de manera directa en el empleo formal, lo que representa un incremento a la informalidad que está creciendo de manera desmedida en Mérida, indicó.
El CCE expuso que, la decisión del gobierno del estado podría significar: menos contrataciones, incremento del desempleo, reducción de inversiones, cierre de pequeñas y medianas empresas, un golpe directo al bolsillo de las familias yucatecas, reducción de inversiones, lo que al final de cuentas dejarán cifras mucho menores a las que estima el gobierno recaudar.
A todo esto, sostiene la IP, se agrega el posible alza salarial del 12 por ciento que pretende el gobierno en diciembre, lo que ocasionará que muchas micro y pequeñas empresas no puedan sostener su capacidad de crecimiento, suscribieron.
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