Mérida, Yuc. 15 de ene/Eduardo May/.-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que detectó la violación de sellos de clausura y el incumplimiento reiterado de medidas de seguridad en un predio ubicado en el municipio de Kinchil, Yucatán, donde se desarrollan actividades atribuidas a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO), por lo que amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR)
La dependencia indicó en un comunicado que, las acciones se derivan de denuncias presentadas por comunidades de la zona, lo que motivó diversas visitas de seguimiento y verificación. En estas diligencias se confirmó que continuaban los trabajos de preparación del terreno, pese a que el sitio se encontraba bajo clausura temporal total desde el 12 de noviembre de 2025.
La Profepa detectó daños ambientales en una planta de Crio en 2025 y clausuró la granja avícola, debido a que, el impacto ambiental por deforestación, modificaciones en uso de suelo de terrenos en el municipio de Kinchil, -ubicado a unos 40 kilómetros al poniente de Mérida, en la colindancia con la Reserva de la Biosfera de Celestún.
La autoridad ambiental indicó en el comunicado que, la clausura fue impuesta debido al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la remoción total de vegetación forestal natural en una superficie aproximada de 13.7 hectáreas, sin contar con la autorización correspondiente.
Y destacó que, en una visita de inspección realizada el pasado 9 de enero, personal de la Profepa constató que la medida no había sido respetada y que se seguía utilizando maquinaria pesada.
Ante estos hechos, la Procuraduría procedió al aseguramiento precautorio de una retroexcavadora y un bulldozer de oruga, empleados para el picado y nivelación del suelo con fines de construcción de vialidades y futuras naves industriales para la producción y crianza de aves.
La maquinaria pertenece a una empresa arrendadora y era operada por personal de una constructora contratada por la responsable del predio.
Posteriormente, el 12 de enero, la Profepa acudió al sitio para verificar que la maquinaria asegurada permaneciera en el lugar y que los sellos de clausura estuvieran intactos. Sin embargo, se detectó que el bulldozer se encontraba en distinta ubicación y sin sellos de “bien asegurado”, mientras que la retroexcavadora ya no estaba en el predio.
Además, personal de la empresa constructora se negó a recibir y firmar la orden de verificación, ante estos hechos, la autoridad ambiental calificó estos hechos como un incumplimiento grave y reiterado de las medidas de seguridad, por lo que reinstaló los sellos de aseguramiento en la maquinaria localizada y, el 13 de enero, presentó la ampliación de la denuncia penal ante la FGR.
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