Mérida, Yuc. 20 de feb/Eduardo May/. – Luego de la gestión de seis meses al frente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE), Claudia González Góngora entregó la estafeta a José Enrique Molina Casares, actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, quien tendrá esa responsabilidad hasta septiembre próximo.
En su mensaje inicial Molina Casares señaló que, la relación con el gobierno estatal será institucional, respetuosa y firme.El dirigente afirmó que el sector empresarial colaborará en favor del desarrollo del estado, pero también señalará con responsabilidad cuando sea necesario. Subrayó que el crecimiento económico exige certidumbre, visión de largo plazo y decisiones responsables.
Molina Casares relevó a González Góngora como parte del acuerdo establecido entre las 17 Cámaras empresariales del estado cuya rotación se establece cada seis meses. Destacó que, en la gestión de la presidente saliente del CCE-Yucatán se concretó la Alianza Yucatán, planteada como una estrategia para fortalecer la seguridad, atraer inversiones y promover un desarrollo sostenible mediante la cooperación entre empresarios, sociedad y gobierno.
El presidente entrante del CCE advirtió que el empleo formal enfrenta retos: como altos costos operativos, competencia desigual frente a la informalidad y la necesidad de adaptación constante.
Dijo que, “el CCE será una voz clara y responsable, enfocada en impulsar la estabilidad y el desarrollo del estado”.
En el último año las relaciones entre el gobierno estatal y la Iniciativa Privada ha sido ríspida debido a la aprobación de tasas impositivas a empresas mayores, sin el dialogo y la participación del sector industrial en el impacto económico que resulta de estos nuevos impuestos, condición que ha frenado inversiones, creación de empleo formal y ajustes presupuestales para los negocios más importantes del estado.
Molina Casares, presidente de Canaco-Mérida ha insistido públicamente en un mayor control del ambulantaje en Mérida y los municipios, debido al desmedido aumento de empleo informal, que según cifras del Inegi emplea a cerca de 790 mil personas, que trabajan sin garantías laborales, prestaciones, ni seguridad social.
De manera específica, el sector empresarial ha señalado las condiciones actuales de estos problemas, sin lograr un acuerdo con el gobierno estatal sobre los factores incentivos para el desarrollo de micro y pequeñas empresas y la creación de empleo formal en el estado.
Es importante establecer que en 2025, Yucatán perdió poco más de mil 200 empleos formales, según el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y su padrón de asegurados.
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