(El Imparcial).- En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa que busca modificar la Ley Federal del Trabajo para impedir que las empresas despidan trabajadores utilizando frases ambiguas como “baja productividad”, “pérdida de confianza”, reestructuración o “recorte de personal” sin explicar de manera clara qué ocurrió realmente.
La información fue dada a conocer originalmente por el diario El Economista y parte de una iniciativa impulsada por el diputado de Morena Armando Corona Arvizu, quien argumenta que actualmente muchos avisos de rescisión laboral contienen términos generales que no permiten al trabajador conocer la verdadera razón de su despido.
La propuesta también busca poner candados contra las llamadas “renuncias voluntarias forzadas”, una práctica señalada desde hace años por especialistas laborales y trabajadores, donde empleados afirman haber sido presionados para firmar su salida y perder derechos relacionados con indemnizaciones.
La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para que cualquier aviso de rescisión laboral tenga una explicación objetiva y sustentada.
De aprobarse, las empresas ya no podrían entregar documentos con argumentos vagos o subjetivos sin pruebas concretas. El proyecto señala que el aviso de despido deberá incluir: Una descripción objetiva de los hechos, circunstancias verificables, datos claros sobre tiempo, modo y lugar, elementos que permitan comprobar la causa del despido
Además, se busca prohibir expresamente frases como: “Baja productividad, pérdida de confianza” sin sustento, recorte de personal”, “por así convenir a los intereses del patrón” o cualquier otra expresión similar que no pueda demostrarse con hechos verificables.
Según el diputado Armando Corona Arvizu, la ley ya obliga a entregar un aviso de rescisión laboral, pero en la práctica muchos empleadores utilizan términos ambiguos que dificultan que el trabajador pueda defenderse legalmente.
En la exposición de motivos, el legislador señala que existen casos donde los empleados reciben documentos con frases generales que no detallan qué ocurrió ni ofrecen pruebas concretas.
La propuesta sostiene que esto genera incertidumbre jurídica y deja al trabajador en desventaja frente a la empresa al momento de acudir a tribunales laborales o iniciar una demanda por despido injustificado.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que la omisión de estos requisitos podría convertir automáticamente el caso en un despido injustificado
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