Mérida, Yuc. 19 de agosto/William Parra. – La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coperamex-Mérida) advirtió que la protección de los derechos de las audiencias no debe derivar en mecanismos de control editorial, ni en facultades que permitan a la autoridad intervenir en la valoración de contenidos informativos, pues ello podría generar autocensura, debilitar la libertad de expresión y afectar la certeza jurídica que requiere una sociedad democrática.
El organismo empresarial se pronunció sobre la propuesta del gobierno federal de intervenir de manera directa sobre contenidos, información, críticas y opiniones de los medios de comunicación y sus lectores sobre obras y tareas del gobierno.
La demanda de la Iniciativa Privada (IP) establece la certeza jurídica también es una condición para la inversión y el crecimiento económico. Cuando la discrecionalidad sustituye a la certeza, la confianza se debilita, puntualizó en un comunicado.
“La mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decide por ellas, sino de ciudadanos capaces de decidir por sí mismos. Las democracias sólidas se construyen sobre la confianza en los ciudadanos, la pluralidad de voces, la certeza jurídica y el respeto irrestricto a las libertades fundamentales. Ninguna autoridad puede sustituir el juicio libre de una sociedad democrática”, enfatizó.
La central patronal destacó que, Coparmex es una organización de carácter ciudadano, independiente y apartidista, que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa como pilares esenciales de toda democracia.
En ese contexto, afirmó que la posición institucional de la Confederación parte de una premisa clara: “En Coparmex defendemos simultáneamente dos derechos que no son incompatibles: el derecho de las audiencias y la libertad de expresión. La mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decide por ellas, sino de ciudadanos capaces de decidir por sí mismos”.
Sostuvo que las audiencias merecen mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos, mientras que los medios de comunicación necesitan independencia editorial, certeza jurídica y condiciones adecuadas para desempeñar su función social. Por ello, enfatizó que la protección de estos derechos no puede convertirse en un mecanismo de control editorial.
El organismo empresarial reconoció la importancia de fortalecer la transparencia, la diferenciación entre información y publicidad, la accesibilidad para las personas con discapacidad, los mecanismos de rendición de cuentas y las Defensorías de las Audiencias. Sin embargo, advirtió que los lineamientos actualmente sometidos a consulta pública contienen aspectos que deben revisarse con profundidad para evitar afectaciones a la libertad de expresión y al pluralismo democrático.
Coparmex destacó el riesgo de que una autoridad administrativa adquiera facultades para determinar qué información es verdadera, suficientemente contextualizada o aceptable desde una perspectiva oficial.
Los estándares internacionales sobre libertad de expresión han establecido que las opiniones no pueden estar sujetas a juicios oficiales de veracidad y que cualquier medida estatal relacionada con contenidos debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, suscribe el documento de la IP
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