Mérida, Yuc. 8 de sep/ William Parra. – Campesinos del municipio de Ucú, realizaron una protesta y cerraron los accesos y rutas de esa comunidad para trabajadores del tren de carga que construye el gobierno estatal Umán-Progreso. Los ejidatarios reclaman la cantidad de 140 millones de pesos a la empresa que construye la obra por utilizar terrenos de esa comunidad sin su consentimiento.
Los pobladores de la comisaría de Yaxché de Peón, municipio de Ucú, -localidad ubicada a 10 minutos de Mérida, señalaron que la empresa que construye las vías de ferrocarril del tramo Poxilá-San Ignacio para el tren de carga, colocaron vías para el tren en un área perteneciente al ejido, condición que no fue autorizada por la comunidad.
El tramo de vía Poxilá, municipio de Umán y San Ignacio, municipio de Progreso tiene una distancia de 39 kilómetros del tren de carga cruza de manera longitudinal la comisaría de Yaxché de Peón, donde se realizaron obras para la colocación de vías de ferrocarril, sin la aprobación de la comunidad ejidal.
Por ello, la comisaría del municipio de Ucú exige a las autoridades federales, estatales y a la empresa tren maya el pago de 7 millones de pesos, por el uso de seis hectáreas de terrenos para ser utilizados en el paso del tren de carga.
Guadalupe Pool Rodríguez representación de los ejidatarios, manifestó que en diciembre de 2025 la federación inició la intervención de seis hectáreas de terrenos del citado ejido, cuyo pago estuvo valuado en 150 pesos el metro cuadrado, sin embargo, tras una negociación se acordó la entrega de 90 pesos por metro cuadrado.
Agregó que el Ejido de Yaxché de Peón se integra por 117 ejidatarios y a cada uno le correspondería la cantidad de 46 mil 869 pesos. Pool Rodríguez agregó que también se acordó con las autoridades que el pago por las tierras se realizaría el 30 de abril, pero llegada esa fecha no se hizo efectivo.
Expuso que posteriormente se acordó como fecha de pago el 7 de mayo, y finalmente el 14 de mayo. Y manifestó que la empresa constructora del tren les respondió entonces que las seis hectáreas en cuestión no corresponden al ejido sino a un particular, las cuales aparentemente, dijo, se enajenaron en octubre de 2012 cuando era comisario de Yaxché de Peón, Ponciano Solís Borges.
Razón por la que la empresa no ha pagado la petición solicitada por los ejidatarios, lo que ha dado lugar a una investigación para conocer las condiciones del fundo ejidal en cuestión y las garantías para el reclamo realizado por los ejidatarios de la comunidad.
En mayo pasado, los moradores de la comisaría de Ucú protestaron en Palacio de Gobierno señalando las condiciones en las que se asegura se realizó la venta de terrenos de esa población y obras relacionadas con el proyecto ferroviario.
De acuerdo con reportes y denuncias públicas realizadas en la zona, los habitantes señalan presuntas irregularidades en los procesos de compra y afectaciones a parcelas ejidales, además de acusar que maquinaria ya habría ingresado a terrenos sin que exista un acuerdo económico claro para todos los propietarios.
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