Mérida, Yuc 16 de oct.- El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE Yucatán) expresa de manera firme su rechazo al incremento del Derecho de No Residente (DNR) contemplado en la Ley Federal de Derechos para 2027 y hace un llamado respetuoso, pero categórico, al Senado de la República para que reconsidere esta medida y evalúe con rigor sus posibles efectos sobre la competitividad turística de México.
Aunque reconocemos que la Cámara de Diputados modificó la propuesta original y redujo el incremento de 35.8% a 17.8%, con lo que la cuota pasaría de $983 a $1,158 pesos, esta reducción no resuelve la preocupación central del sector empresarial: el aumento representa una carga adicional para los visitantes internacionales y puede afectar la decisión de viajar a México frente a otros destinos que compiten por los mismos mercados.
El turismo constituye una actividad estratégica para la economía nacional. Genera inversión, empleos, divisas y oportunidades para miles de empresas y familias. Por ello, cualquier medida que incremente el costo de visitar el país debe analizarse con responsabilidad, considerando no solo el ingreso recaudatorio esperado, sino también sus posibles consecuencias sobre la demanda, la competitividad y la generación de actividad económica.
El impacto potencial no se limitaría a hoteles y centros turísticos. También podría extenderse a restaurantes, transportistas, agencias de viajes, operadores turísticos, comercios y demás prestadores de servicios, así como a las comunidades y familias cuyos ingresos dependen directa o indirectamente del turismo.
Una eventual desaceleración en la llegada de visitantes o en el gasto turístico podría traducirse en menores niveles de inversión, empleo y consumo en las regiones que dependen de esta actividad. En un entorno internacional altamente competitivo, México no debe adoptar decisiones que encarezcan su oferta turística sin contar previamente con una evaluación técnica, integral y transparente de sus efectos.
El CCE Yucatán reconoce la importancia de fortalecer las finanzas públicas y contribuir a los objetivos de recaudación del Estado. No obstante, rechazamos el incremento propuesto al DNR, incluso con el ajuste aprobado por la Cámara de Diputados, porque consideramos que impone una carga adicional al visitante internacional sin demostrar que sus beneficios fiscales compensarán los posibles costos económicos para el sector turístico y para el país.
Por ello, exhortamos al Senado de la República a no aprobar esta disposición en sus términos actuales y a abrir un proceso de revisión serio, técnico y participativo, con la intervención del sector empresarial y de los actores vinculados a la actividad turística. Es
indispensable valorar alternativas de recaudación que no deterioren el atractivo de México como destino internacional ni debiliten a las empresas que sostienen miles de empleos.
Asimismo, solicitamos que cualquier recurso obtenido mediante este derecho se administre con plena transparencia, rendición de cuentas y objetivos claramente definidos, garantizando que se traduzca en mejoras verificables para la infraestructura, los servicios, la seguridad y la promoción turística.
México necesita fortalecer sus finanzas públicas, pero no a costa de perder competitividad. El Senado tiene la responsabilidad de ponderar los efectos de esta medida y actuar con visión de largo plazo.
Proteger la llegada de visitantes significa proteger empresas, empleos, inversión y oportunidades de desarrollo para todo el país.
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