José Cortazar Navarrete–Mérida, Yuc.- La consulta anunciada por el gobierno federal para conocer la postura de los cuatro grupos indígenas de la zona peninsular de Yucatán sobre el tren no será abierta a la población, no se colocarán urnas, sino que, será a través de asambleas donde decidirán las autoridades de estas comunidades, incluso guatemaltecos radicados en el territorio mexicano.
Guillermo May Correa, Coordinador de Asesores del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) coparticipante de esta consulta junto con Fonatur, dijo que, se establecieron sedes en los cinco estados, en total 15 sedes, donde se realizarán las asambleas y donde deberán participar, entre 500 y 600 dirigentes de estas comunidades, que serán los decidan el resultado de este proceso de sondeo sobre el tzíimín K’aak (caballo de candela, en maya)
Informó que, la iniciativa establecida por el INPI marca que este proceso estará dirigido a las “autoridades” de estas poblaciones, donde se incluyen al Xmén, la partera, el maestro, representantes de las formas de expresión y dirección de los pueblos originarios y de acuerdo a sus costumbres, se dialogará con ellos para establecer los puntos a favor y en contra de la construcción del tren peninsular.
Los grupos indígenas participantes y afectados con la construcción del tren son: mayas, en su gran mayoría establecidos en los municipios de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, choles, en Tabasco Tseltales y Chontales en el estado de Chiapas, hasta donde llegará este tres en el circuito de Palenque-Campeche-Mérida, Cancún-Bacalar.
Suscribió que, incluso las comunidades de Centroamericanos establecidos en la franja territorial de la frontera en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas con Guatemala, que se asentaron en México hace 30 años, podrán opinar en esta consulta.
May Correa, estableció que, el Instituto Nacional Electoral (INE), no certificará el proceso de consulta a las poblaciones indígenas, debido a que, no es su función y por ello se solicitó la intervención de organismos internacionales, por lo que estarán participando y avalando este proceso selectivo la Organización de Naciones Unidas (ONU), una subsidiaria (ONU-hábitat) y se está dialogando con la Unicef para que se integre a esta tarea, por su vinculación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Puntualizó que, las sedes se establecieron en base a una convocatoria que se emitió el pasado 15 de noviembre y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para integración de la consulta con un organigrama de trabajo que impulsará esta tarea en un proceso de 30 días y emitirá sus resultados el 15 de diciembre próximo.
Argumentó que, la consulta indígena se realiza de forma libre, previa e informada y el proceso se desarrolla con una consulta a las “autoridades” e instituciones representantes de las poblaciones indígenas, cumpliendo normas y estándares nacionales e internacionales en la materia.
Destacó que, previamente ya se han realizado acercamientos con algunas autoridades de estas comunidades para conocer sus opiniones y apoyar sus exigencias, ya que en muchos casos se deberá desplazar a grupos poblacionales que se han instalado de manera ilegal en la ruta del tren invadiendo derechos de vía federal.
Comentó que, en algunos casos se reconocerá la apropiación de derechos para personas que estén invadiendo estos derechos de vía, pero que otros tantos casos más, será necesario reubicarlos, por lo que se precisa un dialogo y acuerdos previos para completar estas tareas, situación que se prevé suceda en las comunidades donde se hayan presentado invasiones de terrenos en los accesos al derecho de vía donde transitará el tren.
Dijo que, el INPI cuenta con oficinas de esta dependencia a donde podrán acudir las personas interesadas en ser escuchadas y presentar sus propuestas ante la consulta que ha lanzado el gobierno federal para este proyecto.
Las poblaciones donde se realizará la consulta son: Tenabo, Felipe Carrillo Puerto, población del municipio de Champotón, Don Samuel, comisaría de Escárcega, en Campeche; Reforma, población de Bacalar, Xulhá, Othón Blanco; Zazil Sur, en Felipe Carrillo Puerto y Cobá, comisaría de Tulúm, en Quintana Roo. En Yucatán se realizará en Maxcanú, Dzitás, Tunkas, Tixpehual y Chichimilá.
El proceso tomará en cuenta el parecer de tres mil 425 autoridades tradicionales locales, de las cuales el 40% corresponden a población indígena, concluyó
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