José Cortazar Navarrete.- Mérida, Yuc. 9 de julio- La confiabilidad en las cifras criminales ha sido un cuestionamiento constante para las autoridades mexicanas, según establece el organismo México Evalúa, al menos ocho estados del país maquillan sus cifras en materia de delincuencia.
Por ello, México Evalúa presentó esta semana la evaluación: “Fallas de origen: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal” (ICEC), un estudio que mide a nivel estatal qué tan fidedignas son las cifras de homicidios dolosos.
El informe de este organismo advierte que al menos siete entidades del país maquillan sus cifras en materia de criminalidad, ya que presentan discrepancias con datos que monitorea el INEGI y también con otros organismos de seguridad y transparencia que detallan aspectos puntuales en este rubro.
De esta manera, los estados del país con peor evaluación son: el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz. En tanto que los cinco mejor evaluados son: Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Querétaro.
En este ranking, Yucatán aparece en el sitio ocho de esta evaluación, con una confiabilidad de 8.69, contra 9.57 que obtuvo el estado de Colima, considerado el mejor en este aspecto y primer lugar de esta evaluación.
En esta primera edición, la ONG identifica sub reportes sistemáticos en los datos que las procuradurías o fiscalías estatales reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La investigadora y periodista Edna Jaime, directora general de México Evalúa, aseguró que en México la estadística criminal presenta un rezago importante, pues a diferencia de otros países, en el nuestro todavía no contamos con un sistema de generación de información criminal de calidad con procesos de mejora continua.
“El ICEC es un instrumento único en su tipo, repuso, confiamos en que esta primera edición tendrá un efecto relevante en la discusión sobre la calidad de la información. Nos interesa identificar y contribuir a evaluar los problemas en la forma en que se está reportando la incidencia criminal, y en esta primera edición encontramos que al menos ocho entidades presentan información poco fidedigna y de baja calidad sobre los asesinatos que ocurren en sus territorios”, señaló Edna Jaime.
Esta medición, conformada por cuatro componentes, identificó a los estados con mejor calidad en las estadísticas que reportan, mientras que las entidades con la menor calidad en sus datos establece poca confianza y capacidad institucional en la entrega de informes y datos criminales.
Destaca el caso del Estado de México como el más emblemático, pues esta entidad presenta serios problemas en tres de los cuatro elementos que componen el Índice. Muestra, por ejemplo, la tercer mayor diferencia entre las defunciones por homicidio –publicadas por el Inegi– y los homicidios dolosos reportados por el SESNSP. Cuenta, además, con el mayor número de anomalías entre los homicidios culposos que reporta, factores que le otorgaron una calificación global de 2.5 sobre 10.
“Otro problema preocupante es el cambio de tendencia que experimentan Guanajuato y Tabasco. Estas dos entidades están viviendo un incremento en la violencia letal y extrañamente reportan cada vez más homicidios culposos, lo cual no corresponde con el comportamiento esperado de este tipo de violencia.
Por otro lado, en 11 de las 32 entidades federativas hay una relación significativa entre los homicidios dolosos y los homicidios culposos, relación que no debería de existir”, dijo.
Con la publicación anual del ICEC, México Evalúa busca consolidar una herramienta que permita a ciudadanos y tomadores de decisión detectar los retos que tienen las entidades para generar datos oficiales de calidad. Su objetivo es monitorear periódicamente la confiabilidad de las cifras para, con base en los resultados, realizar recomendaciones puntuales y mejorarlas.
Realizar auditorías estratégicas en las que el Centro Nacional de Información y el Inegi atraigan la responsabilidad para llevar a cabo procesos de auditoría de estadísticas criminales.
Modificar incentivos negativos. Condicionar la recepción de recursos federales a la generación de información de calidad para contrarrestar los incentivos que favorezcan la manipulación de las cifras delictivas.
Impulsar un nuevo marco legal para ordenar y supervisar la generación de estadística criminal. Ante la falta criterios mínimos y estandarizados para la generación de información oficial sobre seguridad y justicia, es necesario que gobierno, sociedad civil y especialistas diseñen un nuevo marco legal (leyes y/o normas técnicas oficiales) que ordene la generación de la estadística criminal y de justicia.
Elaborar lineamientos operativos homogéneos para las Unidades de Información Estadística de las fiscalías y procuradurías del país. Retomar la discusión para que el país cuente con un Código Penal Único. Incorporar la georreferenciación en la estadística criminal que generan las fiscalías y las procuradurías
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