Las dependencias de justicia están integradas por personas, con sesgos, en espacios donde se menosprecia la violencia de género, señalan abogadas.

“No fue suicidio, fue feminicidio”.

Escribe esta frase en algún buscador de internet. Los nombres que arrojará son varios: Lesvy Berlín Osorio en la Ciudad de México; Edna Reyes y Mariana Lima del Estado de México; Yolanda Martínez Cadena de Nuevo León; Luz Raquel Padilla de Jalisco. Las víctimas tienen algo en común: fueron revictimizadas o ignoradas por las autoridades y sus asesinatos fueron clasificados como suicidios (o como accidentes, si recordamos el caso de Debanhi Escobar, en Nuevo León).

Todos estos casos revelan la falta de preparación en perspectiva de género de las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia. El problema, sin embargo, no es que no existan tipificaciones de delitos como el feminicidio, o que hagan falta lineamientos.

“El problema sigue existiendo porque los servidores públicos serán servidores públicos, pero, al final, son seres humanos. Y si el Estado propicia estos espacios donde es común la misoginiadonde las autoridades menosprecian la violencia de género o las estadísticas por violencia, pues sigue ocurriendo esto”, apuntó la abogada penalista Leslie Jiménez, integrante de Impunidad Cero, en entrevista para El Financiero.

Las fiscalías y procuradurías de justicia de México han insistido en catalogar algunos de los asesinatos violentos de mujeres como suicidios. Pasó con la abogada Digna Ochoa en noviembre de 2001, pasó con Yolanda Martínez en Nuevo León y pasó con Luz Raquel Padilla en julio de este 2022, en el caso más reciente de revictimización por parte de las autoridades. Esto pese a los antecedentes de amenazas y violencia que las mujeres vivían antes de sus muertes.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contempla órdenes y mecanismos de emergencia para salvaguardar a mujeres que viven violencia. ¿El problema? Las autoridades no aplican los mecanismos de protección a partir de un criterio de análisis de riesgo en cada caso concreto de mujeres que narran violencia.

“Por ejemplo, (una mujer) viene y te narra que está viviendo violencia por parte del vecino, en donde ya está dado este tipo de señalamientos de un daño físico, en hipótesis, las autoridades tendrían que implementar mecanismos de protección atendiendo a la violencia narrada, pero no se está dando de esta manera”, puntualizó la abogada.

En un primer reporte, las autoridades informaron que Luz Raquel Padilla fue atacada por cinco personas, quienes le rociaron alcohol y le prendieron fuego. La activista, quien era madre de un niño con autismo, murió en el hospital por las quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo.

La víctima había interpuesto denuncias antes en la Fiscalía de Jalisco por las recurrentes amenazas de un sujeto, su vecino.

Sin embargo, el 26 de julio, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, señaló que “tienen testimonios y evidencias de que la víctima pudo haberse prendido fuego ella misma”. Según la autoridad, Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y tenían un video en el que ella compraba un encendedor. “La intención jamás es revictimizar ni criminalizar a nadie”, dijo también.

“Tenemos a Ministerios cuyas líneas de investigación principales son el suicidio porque desestiman las voces que indican que la víctima estaba inmersa en escenarios de violencia cotidiana. Lo que hace el MP, montado sobre estereotipos y especulaciones basadas en creencias, es determinar que es un suicidio”, explicó Viridiana Valgañón, abogada litigante de Equis Justicia, en entrevista para Tania Aguilar de El Financiero.

Recordemos el caso de Yolanda Martínez Cadena: ella desapareció el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego de acudir a una entrevista de trabajo. Tras semanas, la Fiscalía estatal confirmó el 9 de mayo que su cuerpo había sido hallado.

El 11 de mayo, la Fiscalía de Nuevo León señaló que no había signos de violencia y que con ello se había debilitado la teoría del feminicidio. También se informó que “había testimonios” sobre que Yolanda “se encontraba en un estado depresivo” y encontraron botellas de veneno cerca de su cuerpo, por lo que la línea de investigación era el suicidio.

El padre de Yolanda, Gerardo Martínez, desconfió de la versión de las autoridades. Por fin, el 3 de agosto, don Gerardo informó que la Fiscalía estatal ya investiga el caso como feminicidio.

¿Qué hacemos con las Fiscalías y procuradurías del país?

México debe apostar por Fiscalías especializadas y capacitadas con perspectiva de género y urge la capacitación y senbilización de policías y personal pericial, dijo Viridiana Valgañón.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene lineamientos generales claros y los estados tienen que retomarla. Sin embargo, al momento de estudiar y bajar la ley en los estados, se va perdiendo la coordinación entre autoridades, puntualizó la abogada Leslie Jiménez.

“El Estado Mexicano tiene que de verdad aplicar esta división de qué le toca a cada autoridad, qué le toca a la autoridad federal, qué le toca a la autoridad local, a la autoridad municipal”, dijo.

Es esencial para parar la revictimización y atender mejor los casos de feminicidio (y poder prevenirlos) que las autoridades realmente apliquen los lineamientos que existen y haya una articulación interinstitucional, desde las policías que son las primeras en responder en casos de violencia hasta los ministerios públicos, las fiscalías y los jueces.

“Cuando hablamos de feminicidio, de la violencia feminicida, no es una violencia que se da de un día para otro, sino que es una violencia que se está desarrollando en espacios comunes, como la escuela, como el trabajo, como la misma comunidad”, dijo la abogada.

Fuente: EL FINANCIERO.

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