Mérida, Yuc. 30 de oct/Edurdo May/.- Poco más de 200 familias afectadas por el fraude cometido por constructora Inverco protestaron frente a la sede del Poder Judicial del Estado reclamando la intervención de las autoridades por el fallo de una jueza en materia mercantil que desestimó las acusaciones contra Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, responsables de la empresa.
Los denunciantes, agrupados en la asociación Familias Unidas contra Inverco señalaron que, el monto del timo supera los 150 millones de pesos y que la empresa no ha dado la cara para aclarar las condiciones de las obras y tampoco si entregará las viviendas comprometidas desde 2020.
Según coincidieron los denunciantes, en 2018 adquirieron viviendas en el desarrollo “Pedregales de Misné balám”, al norte de Mérida, promovido por la constructora Inverco, por lo que, entregaron anticipos y cumplieron con los pagos correspondientes para el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, al llegar la fecha de entrega, la empresa no cumplió y el terreno permanecía sin edificaciones, ni obra.
En su momento, los denunciantes corroboraron que, el fraccionamiento nunca tuvo los permisos correspondientes para su construcción y que los denunciados Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía no se hicieron responsables de retribuir el dinero entregado previamente, entre anticipos y créditos adquiridos.
En el proceso jurídico, las cerca de 200 familias afectadas, presentaron querellas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien validó las condiciones de fraude de la empresa constructora y emitió dictámenes favorables para los denunciantes.
Las familias señalaron que Inverco, creada en 2018, les vendió viviendas en desarrollo, sin contar con los permisos oficiales para construir. Los denunciantes indicaron que pagaron sus casas, pero las obras nunca se entregaron. En los terrenos donde debían estar sus hogares solo hay maleza.
Según el grupo, el fraude afectó a 700 personas, de las cuales más de 200 presentaron denuncias ante juzgados mercantiles, con el respaldo de un abogado. En el proceso, acusaron a la jueza Juliana Hortencia Soberanis Santana, titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, por desechar la solicitud de juicio mercantil ejecutivo contra la empresa constructora.
Los manifestantes solicitaron al Poder Judicial audiencia con su representación legal y que se investigue la actuación de la jueza Soberanis Santana, en tanto, se garantice un proceso justo. Los afectados afirmaron que Inverco les robó 150 millones de pesos en total y que continuarán sus acciones legales hasta obtener justicia.
La carta entregada está firmada por una comisión de 70 clientes en representación de 200 familias afectadas.
Según se ha podido establecer, la constructora Inverco ha realizado fraudes inmobiliarios en al menos 4 estados del país, sin que los empresarios responsables hayan sido detenidos.
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