El 2025 se ha convertido en el año más sangriento para quienes buscan a sus familiares desaparecidos en México. Según documenta El País, siete buscadores fueron asesinados y cuatro más desaparecieron mientras rastreaban a sus hijos, hermanos o padres.
Esta violencia, que se concentra principalmente en Veracruz, Jalisco y Guanajuato, revela una crisis de doble victimización: el Estado no busca, y quienes toman la pala y el pico para hacerlo son silenciados por el crimen organizado, a veces con la complicidad de autoridades.
Cronología del terror en 2025
El artículo narra una secuencia devastadora de crímenes contra activistas:
- Veracruz: Desaparece Héctor Aparicio (buscaba a su hijo desde 2017) y muere Magdaleno Pérez tras ser torturado por policías.
- Jalisco: Asesinan a María del Carmen Morales junto a su hijo Daniel (buscaba a su otro hijo, Ernesto) y muere Teresa González tras un intento de secuestro.
- Guanajuato: Un comando armado secuestra a Francisco Arias y mata a su hijastro. El 28 de diciembre, desaparecen a José Juan Arias, quien contaba con medidas de protección federales.
- Otros estados: Asesinatos en Tamaulipas (Gabriel Hernández), Estado de México (Roberto Hernández), Zacatecas (Aída Karina Juárez), Sinaloa y Chiapas.
Crisis Nacional: 133,000 desaparecidos y contando
El gobierno de Claudia Sheinbaum acumuló 14,000 nuevos registros de desaparición en 2025, un aumento del 20% respecto al año anterior y el doble que en 2019. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas supera ya los 133,000 casos.
«El Estado mexicano no está previniendo las desapariciones… pero tampoco el derecho a ser buscadas, porque no busca. Y de última ni siquiera garantiza la seguridad de las personas que están buscando», denuncia María de Vecchi, de Artículo 19.
¿Por qué los están matando?
La respuesta de los expertos es escalofriante: los matan porque están teniendo éxito.
- Efectividad Incómoda: Colectivos como «Hasta Encontrarte» localizaron 250 cuerpos en el último año. Están encontrando lo que el crimen organizado quiere mantener oculto.
- Desobediencia Civil: Entrar a territorios controlados por los cárteles para buscar fosas se considera un acto de desobediencia que rompe la impunidad y el silencio.
- Complicidad: En casos como el de José Juan Arias en Guanajuato, testigos señalan la participación directa de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la desaparición inicial de su hijo.
Organizaciones como Amnistía Internacional exigen que el Estado reconozca a los buscadores como defensores de derechos humanos y garantice su protección real, no solo en papel.
La información proviene de EL PAIS, con datos de Artículo 19, Amnistía Internacional y testimonios de colectivos de búsqueda.
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