El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social en el que criticó el debate en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, en el marco de una discusión legal sobre su interpretación constitucional.
En su publicación, el republicano afirmó que le “indignaron” los argumentos presentados en la audiencia y cuestionó el lenguaje jurídico utilizado por los abogados que defienden mantener el principio de ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense. También planteó que el tema debería resolverse mediante una consulta nacional.
Trump sostuvo que la interpretación actual de la Constitución estaría siendo utilizada para permitir la llegada de inmigrantes en condiciones que, según él, afectarían la identidad nacional. En ese contexto, lanzó duras críticas contra organizaciones civiles y legales como la American Civil Liberties Union (ACLU), a la que acusó de influir en decisiones judiciales y políticas migratorias.
El mandatario utilizó expresiones altamente controvertidas para referirse a países como China o India origen de algunos migrantes, lo que ha generado críticas por el tono y el contenido de sus declaraciones.
«Un bebé aquí se convierte en ciudadano instantáneo. Nuestra nación está siendo invadida por chinos que vienen solo para dejar un bebé en nuestras costas y luego traer a toda la familia y luego traen a toda su familia desde China o India», se lee en el documento de Trump.
El Supremo, con dudas
Apenas a principios de abril, Trump acudió a la Corte Suprema donde los jueces manifestaron serias dudas y un marcado escepticismo frente a la intención de la administración Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Contexto: limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antimigración.
El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día en que asumió su segundo mandato en enero de 2025, aunque esta fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.
La decisión del Supremo de escuchar argumentos en este caso significó la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio.
A pesar de los argumentos del gobierno, que busca revertir esta práctica mediante una orden ejecutiva, varios magistrados —incluyendo la mayoría conservadora— cuestionaron la legalidad y la interpretación histórica de la propuesta.
A continuación, se detallan los principales puntos de duda y cuestionamiento expresados por los ministros:
- Permanencia de la Constitución frente a cambios sociales: El presidente del Supremo, John Roberts, rebatió directamente el argumento del procurador general, John Sauer, quien sostenía que los tiempos han cambiado desde la adopción de la Enmienda 14 en el siglo XIX. Roberts subrayó que, aunque el mundo sea distinto, «la Constitución sigue siendo la misma», sugiriendo que el paso del tiempo no altera el mandato constitucional original.
- Ausencia de salvedades explícitas en la ley: La jueza Amy Coney Barrett, considerada un voto clave en el tribunal, señaló que las limitaciones que Trump pretende imponer no figuran explícitamente en la legislación vigente. Esta observación debilita el argumento de que el Ejecutivo tiene autoridad para interpretar excepciones que no están escritas.
- Falta de acción legislativa previa: El juez Brett Kavanaugh advirtió que, si realmente existiera una anomalía en la interpretación del derecho a la ciudadanía, el Congreso habría modificado el lenguaje en leyes posteriores. Al no haberlo hecho, se infiere que la interpretación actual es la que el legislativo ha mantenido por décadas.
- Interpretación histórica y precedentes en contra: Los magistrados Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett presionaron a la Administración sobre el uso de precedentes históricos. Según los jueces, las mismas referencias históricas citadas por el Gobierno podrían, en realidad, obrar en contra de los argumentos de la administración Trump.
Fuente: La silla rota
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