La reforma a la Ley General de Salud castiga la comercialización y publicidad, pero descarta sanciones para el consumo personal.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vapeadores. La medida impide su producción, importación, venta y publicidad en todo México. Con 76 votos a favor, el pleno avaló penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos productos. El consumo y la posesión personal no serán castigados.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se justifica en el riesgo sanitario y la expansión del mercado negro. Aunque la comercialización estaba prohibida desde 2022, los productos se vendían sin control. Morena argumentó que la reforma es necesaria para evitar el crecimiento clandestino de la industria.
La oposición advirtió sobre consecuencias negativas. La panista Gina Campuzano señaló que la medida beneficiará al crimen organizado y al narcomenudeo. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, afirmó que prohibir no es regular. Alertó que esto empuja a los menores a un mercado sin controles ni identificaciones.
La mayoría oficialista destacó el impacto en la salud pública. En 2024, alrededor de 1.63 millones de estudiantes reportaron usar estos dispositivos. Manuel Huerta advirtió sobre la presencia de metales pesados y compuestos cancerígenos. La ley define a los vapeadores como sistemas que calientan sustancias líquidas para inhalación. Además, se prohíbe toda publicidad en medios digitales y tradicionales.
La información y los datos provienen de EL PAÍS, basados en la sesión del Senado de la República y el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud.
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