Mérida, Yuc, 30 de julio/William Parra. – Sin emitir información previa y luego de aprobar el desarrollo inmobiliario Dunas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura temporal en las inmediaciones del acceso de entrada a la obra. La obra que se inició recientemente en las costas de Chuburná, comisaría de Puerto Progreso fue aprobado y cuenta con los permisos federales, estatales y municipales.
El desarrollo inmobiliario que busca construir departamentos de lujo ha sido atacado por activistas y organismos ambientalistas reclamando daños al medio ambiente, fauna y flora endémica, así como la falta de consulta a la población para la aprobación de este proyecto donde se invierten 45 millones de pesos, ubicado en la línea costera del municipio de Progreso.
Este día y luego de los anuncios y reclamos de activistas y ambientalistas, la dependencia federal clausuró la obra, sin emitir un comunicado y tampoco dar cuenta de la aprobación previa realizada para el desarrollo de este proyecto.
Sobre este tema, David Reyes Aguiar presidente de Coparmex Mérida señaló su preocupación por las condiciones del proyecto, señalando que, si la empresa cuenta con todos los permisos de la autoridad, porque ahora buscan retrasar o demorar una inversión ya establecida y autorizada.
Reyes Aguiar destacó que, la propia Profepa autorizó la obra, estableciendo inspecciones, tanto de equipamiento, cómo de insumos validando las condiciones que presentó la empresa previamente, por lo que, ahora, sin justificación alguna pretende detener la obra.
Agregó que, la clausura de obra establecida por Profepa es únicamente para el complemento de la obra y no para el proyecto Dunas que hoy continuó realizando sus actividades ya programadas de construcción. Sin embargo, el presidente de Coparmex-Mérida recalcó que la dependencia actúa bajo consigna, ya que no hay requerimientos fuera del orden legal de la empresa inmobiliaria.
El proyecto inmobiliario Dunas, ubicado en Chuburná Puerto, ha iniciado una obra de seis torres departamentales en un área comprendida en una superficie de 92 mil 400 metros cuadrados, donde se ubicarán departamentos de dos y tres recámaras y penthouses, con precios que alcanzan los 8.5 millones en adelante y deberán estar concluidos en el primer semestre de 2027.
Este desarrollo inmobiliario ha sido blanco de activistas y organismos ambientalistas que reclaman presuntos daños a las dunas y especies endémicas de la región, por lo que han organizado manifestaciones públicas y presionan a la autoridad federal.
En este contexto Reyes Aguiar recalcó que, el proyecto está autorizado por las instituciones federales quienes emitieron aprobaciones documentadas para el desarrollo del proyecto. La situación de frenar el proyecto, aun con toda la documentación entregada pone en entredicho el Estado de Derecho y la confianza para los inversionistas desarrolladores, entendiendo que la autoridad actúa bajo consigna y no como resultado de haber cumplido con los ordenamientos y criterios legales correspondientes, argumentó. (Imagen de Internet/No Tengo derecho de imagen)
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