Dos iniciativas de ley en el Senado buscan obligar a los empleadores a transparentar la remuneración en las ofertas de trabajo, combatiendo la precariedad y el uso de «vacantes falsas» para fines fraudulentos.
La transparencia salarial se ha consolidado como un tema prioritario en el Senado de la República, donde actualmente se debaten dos iniciativas que buscan modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para hacer obligatorio que las vacantes en México publiquen el rango salarial ofrecido. El contexto de esta reforma es la precariedad laboral: la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) estima que el 56% de los trabajadores formales en el sector privado gana menos del monto considerado como ingreso digno ($12,500 mensuales).
Una de las propuestas, impulsada por la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI), no solo exige la publicación del rango salarial (incluyendo pagos por comisiones o conceptos variables) sino que adiciona la imposición de multas.
- Multa Propuesta: Se busca modificar el Artículo 1000 de la LFT para sancionar a quienes omitan, alteren o falseen la información de una oferta laboral con multas que irían de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un máximo de 565,700 pesos.
- Objetivo de la Multa: La legisladora argumenta que la falta de transparencia perpetúa la precariedad y ha propiciado la «difusión de vacantes falsas utilizadas con fines fraudulentos o criminales» para atraer a jóvenes en necesidad económica.
La segunda iniciativa, promovida por senadores de Morena, PT y MC, también busca reformar el Artículo 83 de la LFT para fomentar la transparencia. Ambas coinciden en la necesidad de que la oferta de trabajo describa con claridad los servicios, actividades, responsabilidades y el tipo de relación laboral para dar «certeza jurídica y económica» a los trabajadores y cerrar las brechas salariales en el país.
La información y los datos provienen de EL ECONOMISTA, basados en las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) presentadas por la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI) y senadoras de Morena, y en datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).
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